El relato que expresa el Gobierno frente a un nuevo default

Redacción de La Nueva.

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Por Pablo Wende / elpais@lanueva.com.ar

A siete días hábiles de entrar en un nuevo default, las negociaciones del Gobierno con los fondos buitre siguen en un limbo. En realidad, se trata de la inexistencia de tal negociación, a pesar de los reiterados pedidos efectuados en tal sentido por el juez Thomas Griesa. Eso explica por qué el magistrado no aceptó reponer la medida cautelar para que la Argentina pueda hacer frente a la deuda que quedó impaga el 30 de junio antes de que se cumplan los 30 días de plazo y antes de que se declare formalmente la cesación de pagos.

A pesar de los escasos o nulos avances, aún no está dicha la última palabra. Funcionarios del equipo económico se sentarán en las próximas horas con el facilitador nombrado por Griesa, Dan Pollack, para ver si es posible destrabar el asunto. El problema es que hasta ahora la Argentina no ha presentado una propuesta para saldar la sentencia que obliga a pagarles u$s 1.500 millones a los fondos buitre.

El discurso oficial fue variando con el correr de las semanas, pero básicamente pasó por dos explicaciones distintas. La primera fue que si se reconocía esta demanda, luego habría que pagar otros u$s 15.000 millones. Ahora, en cambio, se aduce que resulta imposible cumplir con los buitre porque esto desataría las demandas de quienes entraron en los canjes, que podrían demandar masivamente a la Argentina. Esto se debe a la existencia de la cláusula RUFO, que les da la posibilidad a los bonistas a reclamar un mejor tratamiento si la Argentina mejorase la oferta con posterioridad a dichos canjes. Se trata de una cláusula que deja de tener vigencia a partir del 1 de enero de 2015.

La postura de Axel Kicillof es, hasta el momento, la de no arreglar con los holdouts para no exponer al país (y a él mismo) a múltiples demandas. Los abogados, sin embargo, insisten que no existe tal peligro porque una eventual oferta argentina no sería voluntaria, sino que respondería a una orden judicial.

Pero mientras van pasando los días y la posibilidad de un default aparece como inminente, el Gobierno va enhebrando un relato particular ante un escenario muy complejo. Estos son los principales componentes que van armando el nuevo relato:

Razonamiento. Así como se negó la evidente inflación durante siete años, tampoco existiría el default. “Nosotros ya pagamos, el dinero fue depositado el 30 de junio”, insiste una y otra vez Jorge Capitanich. Siguiendo este razonamiento, como se pagó no habría default. El detalle, claro, pasa básicamente porque los bonistas no cobraron por el peligro de que el dinero destinado a ellos resulte embargado.

Suficientes. Después del 30 de este mes, si no se puede pagar no pasa nada; es decir, la economía argentina se seguirá desenvolviendo con normalidad. Las supuestas inversiones para telefonía, Vaca Muerta y otros sectores resultan suficientes para reemplazar los dólares que no se estarían consiguiendo ante la imposibilidad de acceder a los mercados financieros.

Algo nuevo. Como manifestara el economista Aldo Ferrer, afín al Gobierno, “esto, básicamente, no se trataría técnicamente de un default, sino de algo nuevo”. Entonces no tiene la menor importancia si el próximo jueves 31 las calificadoras de riesgo le ponen una D a la deuda argentina.

Feroz lobby. Finalmente, en caso de que no se pague no tiene nada que ver la impericia del Gobierno a la hora de negociar o la falta de reacción ante la sucesión de fallos adversos en Estados Unidos. Se trata, en realidad, de un feroz lobby de poderosos grupos económicos y jueces para perjudicar a la Argentina. Son ellos, y no el gobierno, los responsables de enviar a la Argentina a una nueva cesación de pagos después de 13 años.