¿El punto final para el aviso “no se aceptan tarjetas”?
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Rodolfo Angeletti
rangeletti@lanueva.com
La deriva del gobierno en la intención de aumentar el grado de bancarización de la población siempre tuvo altos y bajos, aunque ahora con un escenario más complicado por la evolución de la inflación, otro ingrediente vino a sumarse: la devolución del 15 por ciento del IVA a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales por hasta 300 pesos mensuales.
La realidad se encargó de demostrar en épocas de bonanza económica que a casi ningún comercio chico le interesaba asumir el costo mensual de una lectora de tarjetas, ni mucho menos quedar expuesto ante los organismos de control impositivo. Ahora, la situación cambió radicalmente. El consumo cayó y el gobierno se anima de nuevo, a través de la AFIP, a impulsar el uso “obligatorio” de las lectoras para que el consumidor decida si paga con efectivo o con dinero plástico.
Pero ¿qué dicen al respecto en el comercio barrial, donde siempre fue “más simple y directo” manejarse con el efectivo?.
De un lado están los que se resisten a cualquier cambio que signifique tener que abrir una cuenta bancaria, pagar una comisión y verse obligados a gestionar la liquidación de sus ventas, así lo expresaron en Bolivia al 600 o en Almafuerte al 800, donde Miguel está al frente de una despensa multirubro, junto a su esposa, desde hace 40 años.
Del otro están los que esperan el cambio con resignación, ante la sospecha de que esta vez no podrán quedarse al margen. Así lo manifestaron en Almafuerte y Patricios, donde según dijeron “siempre optamos por el efectivo, pero parece que el cambio será inexorable”.
La devolución del 15% de IVA a jubilados y beneficiarios de planes sociales, clientes por excelencia de los negocios de proximidad, por compras realizadas con tarjetas de débito o prepagas no bancarias -estarían exceptuados los supermercados-, le agrega otro condimento al tema. Quién no venda, a partir de ahora, con tarjeta, perderá seguramente muchas ventas.
El artículo 10 de la Ley 27.253, sancionada el 8 de junio, estableció la obligatoriedad de aceptar este medio de pago para los contribuyentes "que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final, presten servicios de consumo masivo, realicen obras o efectúen locaciones de cosas muebles", pero la resolución que establece el monto mínimo es de 2003.
El objetivo es que el uso del POS (la máquina necesaria para utilizar las tarjetas de crédito y débito) sea obligatorio en el mediano plazo en cualquier comercio del país para compras desde los 10 pesos. La AFIP prevé que la aplicación sea paulatina, y que con el tiempo, sólo queden exceptuados aquellos comercios cuya actividad se desarrolle en poblaciones de menos de 1.000 habitantes.
Como la misión de fondo es formalizar cada vez más la economía (un 33% de las actividades del país están en negro), el organismo que dirige Alberto Abad adelantó una serie de beneficios para quienes instalen la terminal en sus comercios.
Los pequeños contribuyentes son los primeros beneficiados en la lista, pues la normativa especificó que el Poder Ejecutivo realizará "las acciones necesarias para eliminar la incidencia del costo" de instalar el sistema.
Además, no se permitirá el cargo de comisiones sobre las transacciones alcanzadas por la devolución del IVA. La AFIP y la Secretaría de Comercio aplicarán multas y sanciones por incumplimiento.
Se bonificará el costo de los nuevos POS por dos años para las nuevas altas de establecimientos monotributistas o microempresas con ingresos anuales menores de $9 millones, y el sistema no cobrará aranceles para esta gestión a los comercios monotributistas.
La AFIP adelantó que pondrá en marcha un cronograma de implementación que tendrá en cuenta aspectos como el volumen de operaciones, las localidades con mayor conectividad y sectores con un alto grado de informalidad.
Este era uno de los principales reclamos de los empresarios. Muchas localidades del país no cuentan con buena conectividad, faltan sucursales bancarias y los cupones de las terminales son una carga administrativa mayor, mayormente para los comercios unipersonales.
Posnet (MasterCard) y LaPos (Visa) son las compañías más importantes en el mercado argentino.
Actualmente, el servicio tiene que estar enlazado a una cuenta bancaria -con un costo mensual que varía según la entidad-, y las transacciones tienen un impuesto del 1,5% para las tarjetas de débito, que asume el comercio.
Sin suba de tasas
Para evitar un mayor parate en el consumo, aunque preocupado por la resistencia a bajar que exhibe la tasade inflación, en medio de la recesión que afecta a la economía nacional, el BCRA decidió esta semana mantener sin cambios, por tercer semana consecutiva, el nivel de tasas de interés de las Lebacs en 30,25%, al subrayar que todos los indicadores y estimaciones de fuentes estatales y privadas seguidos por la entidad "muestran un descenso de la inflación respecto de junio, aunque a distintas velocidades".
En tanto, que las expectativas de inflación del público sondeadas por la Universidad Torcuato Di Tella se mantuvieron "estables".
La posible bancarización de sectores de la población de bajo poder adquisitivo -jubilados y pensionados, etc.- no es desdeñable para nadie que se precie de saber como “sacarle jugo a un limón” en épocas de vacas flacas.
En el comercio chico, algunos ya advirtieron que si son capaces de unirse podrían sentarse frente a algún gerente bancario para interesarlo sobre una posible promoción que sume más descuentos al 15% anunciado por el gobierno.
Esta posibilidad se traduciría en mayores ventas, para “todos y todas”, y en una mayor competencia que empuje a la baja a la inflación, además de mejorar el tejido social y evitar la altísima concentración que hoy presenta la red minorista de consumo masivo.
Los beneficiados por la devolución del IVA también podrán lograr descuentos superiores al 20% en sus compras, al sumarse el descuento del 4,3% del régimen general de compras con tarjeta de débito –se reintegra a la cuenta-- y otras bonificaciones de los propios comercios.
Ya es común que las cadenas incentiven la venta en determinados días de la semana con descuentos adicionales, estrategia que podría extenderse a otros comercios.
Todo esto en un contexto adverso para el consumo: datos de la consultora CCR para el primer cuatrimestre del año arrojan que las ventas en volumen se derrumbaron 2,3% con relación al idéntico lapso, pero de 2015.
En tanto, de acuerdo con la Encuesta a Supermercados del INDEC, las ventas, en pesos, de un panel de 61 empresas del sector de diferentes puntos del país crecieron, de enero a mayo de este año y con respecto al mismo período de 2015, a razón del 27,1%, unos 10 puntos por abajo de la inflación minorista de la ciudad, que estima el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca-Argentina (CREEBBA).
De acuerdo con el ente estadístico, los grupos de artículos que tuvieron las subas más significativas, con respecto al mismo mes del año anterior, son: Indumentaria, calzado y textiles para el hogar (31,8%), Lácteos (27,3%) y Artículos de limpieza y perfumería 26,6%). La devolución del IVA de la canasta básica es un beneficio que tiene la potencialidad de alcanzar a 6,6 millones de personas, de las cuales 4 millones cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El monto a devolver será el 15% del monto de las operaciones, y será acreditado en la cuenta del beneficiario en el mes siguiente al de los consumos. Se estableció un tope de $ 300 mensuales.
Para incentivar el uso de la tarjeta, los que cobren jubilaciones o pensiones por fallecimiento recibirán en julio una suma fija de $ 150 por cada una de las dos primeras transacciones.
En agosto recuperarán una suma fija de $ 75 por cada una de las cuatro primeras transacciones, y en septiembre, una de $ 50, por cada una de las primeras seis.
El régimen se aplica a las operaciones que se hagan hasta el 31 de diciembre de 2017, y el decreto que el Gobierno publicó en el Boletín Oficial determina que la devolución será del 15% del monto abonado por "compras de bienes en establecimientos que operen con consumidores finales", en tanto no se supere el monto máximo de $ 300 por mes y por beneficiario; y en el caso de la Asignación Universal por Hijo, por embarazo y pensiones por fallecimiento, el reintegro se considerará por cada prestación recibida.
De acuerdo con el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, el costo fiscal de la iniciativa para el gobierno nacional sería de unos 25.000 millones de pesos.
A futuro, la repercusión de estas medidas sobre las finanzas públicas representan una incógnita, habida cuenta la necesidad de bajar un déficit fiscal que, de acuerdo con cifras de la Asociación Argentina de Presupuesto Público (ASAP) superó, el año pasado, un 4 por ciento del Producto Bruto Interno, el más elevado desde 1993.