El kirchnerismo logró enterrar la denuncia de Nisman contra CFK
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El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca resolvió ayer en favor de la presidenta Cristina Fernández, en un dictamen mediante el que desistió de continuar la denuncia presentada por su fallecido colega Alberto Nisman contra la jefa de Estado por encubrimiento a los iraníes acusados del atentado a la AMIA.
"No hubo delito alguno, consumado ni tentado", sostuvo De Luca --adherente al oficialismo-- en su dictamen mediante el que desistió de continuar con la apelación que pedía que se abriera una causa para investigar la denuncia de Nisman.
De esta manera, la causa tiene un cierre en esta etapa porque el fiscal es quien tiene la acción penal para decidir si se avanza o no con una investigación, y ante el desistimiento de De Luca la Sala I de Casación, sorteada la semana pasada para intervenir en el caso, no tiene un planteo que resolver.
Además, la causa no cuenta con parte querellante que pueda apelar o mantener una apelación.
La causa podrá proseguir si en el futuro se presentan nuevos elementos que ameriten reabrir la investigación.
De Luca había quedado en el medio de la polémica porque el fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes, quien apeló para que el caso llegue a Casación, dijo que en el caso podía intervenir un fiscal de "Justicia Legítima", la agrupación judicial que adhiere al Gobierno Nacional, y cerrar el caso. De Luca pertenece a esa entidad y dijo que estaba ofendido por los dichos de Moldes.
El fiscal fue notificado ayer de la radicación de la causa en su tribunal y contaba con tres días hábiles para decidir si mantenía la apelación o la desestimaba.
"En esta causa, por más que se recorran todas sus hipótesis una y otra vez, de la denuncia, del requerimiento de instrucción, de la apelación y del recurso de casación, no se logra encontrar delito alguno a averiguar y demostrar", sostuvo De Luca en su dictamen.
"La supuesta espuria intención de hacer cesar o dar de baja a las 'alertas rojas' de Interpol por parte del gobierno argentino y la formación de una llamada 'Comisión por la Verdad' para generar una hipótesis investigativa falsa no pueden, ni objetiva ni jurídicamente, constituir la 'ayuda' que tipifica el artículo 277, apartado 1ero, inciso a), del Código Penal".