Corrupción en Brasil: desbaratan otra banda dirigida por políticos de Rio
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Una organización comandada por la cúpula política de Rio de Janeiro, que movió millones de dólares en sobornos, fue desbaratada hoy, en un nuevo caso de corrupción que salpica a la dirigencia de Brasil.
Por otra parte, la Fiscalía brasileña presentó hoy una denuncia penal contra cuatro personas acusadas de integrar una red de corrupción que desvió cerca de 100 millones (unos 31,2 millones de dólares) de una subsidiaria en Brasil de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La Justicia ordenó un operativo con foco en el presidente de la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro, Jorge Picciani, importante dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del presidente Michel Temer.
Agentes de la Policía Federal trasladaron a Picciani a una comisaría para ser interrogado y apresaron a su hijo Felipe, ambos del PMDB.
El operativo Cadena Vieja movilizó a decenas de agentes desde las primeras horas de la mañana de hoy en la llamada ciudad maravillosa, informó la agencia de noticias Ansa.
Los policías fueron enviados a la Asamblea Legislativa de Río, donde allanaron las oficinas de Picciani.
El Ministerio Público Federal investiga una red de corrupción por unos 500 millones de reales (160 millones de dólares) en la que estaría envuelta la familia Picciani, otro de cuyos miembros, Leonardo, es ministro de Deportes del gabinete de Temer.
También fueron apresados este martes diputados estaduales del PMDB carioca. Otro de los involucrados en ese esquema de corrupción es el empresario Jacob Barata Filho, del Grupo Guanabara, que controla la mayor red de ómnibus de la provincia.
El procurador Carlos Alberto Gomes de Aguilar afirmó hoy que el grupo integrado por el jefe del Legislativo Picciani y los jerarcas del PMDB recibió sobornos de Barata Filho durante una década.
Según Gomes de Aguilar, esta "organización delictiva" tiene entre sus cabecillas al exgobernardor Sergio Cabral, condenado a más de 40 años de corrupción en la causa Lava Jato.
El exgobernador era conocido por su estilo de vida lujoso, su mansión junto al mar y por haber sido fotografiado en uno de los restaurantes más caros de París celebrando junto a un empresario de la construcción de quien recibió sobornos.
El dirigente del PMDB y exgobernador Cabral también fue denunciado por la joyería H. Stern por haber lavado dinero a través de compras millonarias de obsequios para su esposa, la también procesada y detenida abogada Adriana Ancelmo.
Cabral, uno de los caciques nacionales del PMDB, gobernó Rio entre 2008 y 2016, período en el que creó las Unidades de la Policía Pacificadora (UPPs).
Las UPPs establecidas en más de 30 favelas comenzaron a perder prestigio en los últimos años debido a las denuncias de corrupción y uso abusivo de la fuerza por parte de los agentes de la seguridad pública.
En cuanto a la denuncia de la Fiscalía, las cuatro personas investigadas por la llamada "Operación Conexión Venezolana" fueron acusadas formalmente de los delitos de asociación para delinquir, corrupción en transacción comercial internacional y lavado de dinero, informó hoy en un comunicado el Ministerio Público Federal, citado por la agencia de noticias EFE.
La acusación fue presentada ante el juzgado federal número 7 de Porto Alegre, la capital del meridional estado de Rio Grande do Sul, que en septiembre pasado le ordenó a la Policía Federal la detención preventiva de todos los involucrados y el registro de sus inmuebles para recoger pruebas.
Según la investigación realizada conjuntamente por la Fiscalía, la Policía Federal y la Administración de Impuestos, los acusados exportaron a Venezuela máquinas agrícolas con precios muy por encima de sus valores comerciales.
Para garantizar tales contratos con precios inflados, los acusados, según la Fiscalía, pagaron elevados sobornos a los representantes de la petrolera estatal venezolana en Brasil.
Los pagos de los supuestos sobornos fueron disfrazados como comisiones por servicios de consultoría que nunca fueron prestados.
Parte del dinero generado por los desvíos se quedó en Brasil y otra parte fue remitida a empresas situadas en paraísos fiscales, de acuerdo con la Fiscalía.
La organización criminal comenzó a ser investigada después de que la Administración Federal de Impuestos, el ente recaudador, identificara personas jurídicas en los estados brasileños de Río Grande do Sul y San Pablo que realizaron millonarias transacciones financieras "atípicas". (Télam)