La Infanta Cristina fue absuelta en el caso de fraude fiscal
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Agencia EFE
En un histórico caso de corrupción que ha afectado a la familia real española, la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, resultó ayer absuelta pero su esposo, Iñaki Urdangarin, fue condenado a seis años y tres meses de cárcel.
La infanta fue sentenciada, no obstante, a pagar junto a Urdangarin 265.000 euros (unos 282.000 dólares) en calidad de corresponsable civil a título lucrativo.
Todos los fallos anunciados por la Audiencia de Palma (Islas Baleares) pueden ser recurridos ante el Tribunal Supremo en un plazo de cinco días.
La primera reacción a la sentencia llegó de la propia Casa del Rey, cuyo portavoz expresó el “respeto absoluto a la independencia del poder judicial”.
El abogado de la infanta Cristina, el político catalán Miquel Roca, afirmó que la hermana del rey “ha recibido con satisfacción” el fallo que la absuelve aunque mostró su “disgusto” por la condena a su esposo porque “sigue creyendo en su inocencia”.
El principal acusado en el caso, Diego Torres, exsocio de Urdangarin, fue sentenciado a ocho años y medio de cárcel por cinco delitos de corrupción.
El tribunal condena tanto a uno como a otro por enriquecerse con fondos públicos a través de la trama corrupta de contratación que organizó el Instituto Nóos, la asociación sin ánimo de lucro que Urdangarin presidía.
El fiscal Anticorrupción competente, Pedro Horrach, dijo que valorará “casi de forma inmediata” si pide el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarin y de Diego Torres.
El exministro y expresidente del gobierno regional de Baleares, Jaume Matas, fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel, así como a siete años de inhabilitación por el mismo caso.
En el “caso Nóos” ha habido siete condenas y diez absoluciones. Sólo tres de los acusados han recibido penas de prisión no sustituibles por multas: Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres y Jaume Matas.
La Audiencia de Palma también condenó a otros acusados -de los diecisiete que comparecieron ante la Justicia- pero a penas de prisión que pueden ser sustituidas por multas.
Los portavoces de las cuatro grandes asociaciones judiciales de España estimaron que el fallo prueba que los jueces actúan de forma independiente y que la justicia es igual para todos.
El Gobierno, por boca de su portavoz, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, afirmó que la sentencia “demuestra que en España, el Estado de derecho funciona. Todo el mundo está sometido al imperio de la ley. Nadie está por encima, ni al margen de ella”.
El Partido Socialista, primero de la oposición, manifestó, a través de su eurodiputado Ramón Jáuregui, su “máximo respeto” por el fallo en un juicio que ha considerado “ejemplar”.
En nombre del partido izquierdista “Podemos”, el diputado Juan Pedro Yllanes se mostró “conforme” con la sentencia porque es unánime.