Bahía Blanca | Viernes, 19 de abril

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La justicia acorrala a Rato y crece la presión sobre Rajoy

El arresto del exdirector del FMI abrió un debate político que, a poco más de un mes para las elecciones regionales y municipales, la oposición aprovecha para atacar al oficialismo. Agencia Télam
La policía empezó la tarea, en el despacho del acusado (foto), tras registrar su domicilio.

MADRID - Entre insultos, el exministro de Economía del Partido Popular (PP) y exdirector del FMI Rodrigo Rato, detenido el pasado jueves durante varias horas, regresó ayer a su despacho de Madrid para presenciar un segundo registro policial en el marco de la causa por blanqueo de capitales por la que es investigado, mientras crece la presión sobre el gobierno de Mariano Rajoy ante las repercusiones políticas del caso.

"Hijo de p...", "ladrón", "cabrón", gritó un grupo de vecinos al ver a Rato en el momento en que abandonó su domicilio del céntrico barrio madrileño de Salamanca, custodiado por la policía y en medio de una gran expectativa mediática. Al llegar en auto a su despacho, el que fuera ministro de Economía y vicepresidente del gobierno de José María Aznar (1996-2004) no hizo declaraciones.

El registro de su oficina, sita en calle Castello 50, comenzó por la tarde y continuó durante toda la madrugada. Tras más de 20 horas de cateo, en el que se recogió mayormente material informático, la policía abandonó el lugar.

Su foto agachando la cabeza para ingresar al coche policial que lo había llevado a su oficina ya había dado la vuelta al mundo, dejando detrás de sí una oscura imagen del otrora todopoderoso vicepresidente conservador.

La caída estrepitosa del citado se produjo el jueves cuando fue apresado durante 8 horas para garantizar su presencia en los allanamientos citados, tras una denuncia presentada en su contra por la fiscalía de Madrid por delitos de fraude, blanqueo de capitales y otros.

La acusación actuó después que la prensa española publicara, el martes pasado, que Rato sería una de las 705 personas investigadas por la unidad de prevención de blanqueo de capitales, Seplac, de todas las que se habían adherido a la amnistía fiscal abierta en 2012 por el Ejecutivo de Rajoy.