Bahía Blanca | Viernes, 19 de abril

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España: extesorero del Partido Popular culpó a Rajoy por el caso de corrupción

Luis Bárcenas lo realizó en un recurso presentado contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional.
Foto: Archivo-LaNueva.

   El extesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, responsabilizó hoy al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y a otros máximos dirigentes conservadores, del fraude fiscal que la Justicia le atribuye por el caso de las donaciones que figuran en la "contabilidad B" de la fuerza derechista. 

   En un recurso presentado contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de juzgarlo, Bárcenas insiste en ni el gerente ni el tesorero del PP establecían los "criterios jurídico tributarios". 

   Según la defensa, esa es una responsabilidad que compete a "los administradores o legales representantes" del partido elegidos por el Congreso Nacional. 

   Y, de acuerdo con los estatutos, esos administradores serían los secretarios generales y el presidente del PP. 

   El juez Ruz considera acreditado que el PP mantuvo una contabilidad B entre 1990 y 2008, y el abogado defensor de Bárcenas también lo reconoce.

   En ese período, el cargo de secretario general fue ocupado de forma sucesiva por Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, quien continúa en la actualidad. Rajoy es el presidente nacional del PP desde junio de 2008. 

   Pero contrariamente a lo que argumenta Bárcenas, el magistrado sostiene que los administradores de hecho de las finanzas del PP son los tesoreros y el gerente, porque tenían la competencia delegada por parte de los secretarios generales. 

   De acuerdo con la investigación, el PP cometió un delito de fraude fiscal al no ingresar a Hacienda más de 220.000 euros que debía pagar en concepto de Impuesto de Sociedades en el ejercicio 2008. 

   La cifra, que se desprende de las donaciones ilegales anotadas en las cuentas B -que ese año ascendieron a 1.050.000 euros- supera ampliamente el margen de 120.000 euros a partir de los cuales se considera que existe un delito fiscal. (Télam)