Demandan al presidente catalán por la consulta sobre independencia
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La Fiscalía del Estado español dio hoy un paso inédito en democracia al querellar al presidente catalán, Artur Mas, por haber celebrado la consulta simbólica sobre la independencia de Cataluña del pasado 9 de noviembre, pese a que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) español.
Con esta decisión se abre un nuevo capítulo en el conflicto entre el Estado español y la región norteña liderada por Artur Mas hacia la secesión.
En la demanda, que fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se acusa Mas, a su vicepresidenta, Joana Ortega, y a la consejera de Educación catalana, Irene Rigau, de haber cometido presuntos delitos de desobediencia grave a la autoridad, usurpación, prevaricato continuado y malversación de fondos públicos, en relación con la consulta del 9N.
La controvertida decisión de actuar por la vía penal contra un presidente regional por una actuación política que se produjo en democracia no tiene antecedentes en la historia de España.
De prosperar la querella, algo que fue puesto en duda por expertos en derecho penal, Mas y las otras dos dirigentes catalanas deberán afrontar graves penas que oscilan entre la inhabilitación y la cárcel.
La querella, impulsada por el Fiscal General del Estado español, Eduardo Torres Dulce, se presentó recién doce días después de la celebración de la consulta soberanista, debido a una controversia con los fiscales de Cataluña, que se oponían a la decisión por considerar que no había base jurídica suficiente para actuar.
El conflicto, que nunca antes había ocurrido en la esfera judicial, fue interpretado como una consecuencia directa de la politización de la Justicia española tras denunciarse tanto presiones del gobierno catalán de Mas como del central de Mariano Rajoy a los fiscales que se encuentran bajo su esfera de influencia.
Sin embargo, el fiscal General del Estado quiso demostrar que se trataba de un tema netamente jurídico y buscó el aval de la Junta de Fiscales, un órgano consultivo no vinculante donde se debate temas jurídicos y técnicos. El respaldo llegó el miércoles y hoy, finalmente, se presentó la querella. (Télam)