España le advirtió a Cataluña que accionará ante la Justicia

Redacción de La Nueva.

contenidos@lanueva.com

El Gobierno español advirtió al Ejecutivo de Cataluña y a sus "socios" secesionistas que tendrán que responder ante la Justicia por el referéndum ilegal que ha convocado para el 1 de octubre, cuyos preparativos fueron dados a conocer a la prensa por representantes de la administración catalana.

A horas de la consulta secesionista, prohibida por el Tribunal Constitucional, el ministro portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, responsabilizó al Ejecutivo catalán y a sus socios de la formación independentista CUP de "deslealtad institucional" y "desobediencia constitucional" y aseguró que tendrán que responder por ello ante los tribunales.

"Las leyes obligan a todos, recalco, a todos, porque nadie está por encima de la ley. La convivencia y el progreso y bienestar no son posibles al margen el imperio de la ley y del Estado de derecho", dijo.

Méndez de Vigo reiteró que la consulta de mañana es ilegal y carece de garantías democráticas, por lo que señaló que "lo que suceda el día 1 no será un referéndum".

A pesar de las advertencias oficiales, el Ejecutivo catalán reiteró que "el domingo se votará", según informó el consejero de Presidencia, Jordi Turull, al presentar el modelo de urna para que unos 5,34 millones de ciudadanos puedan votar, pese al amplio dispositivo policial que tratará de impedirlo.

Voceros del Gobierno español, en tanto, afirmaron que "la Constitución española que no permite que una región española vote en referéndum sobre ese particular, porque la soberanía nacional pertenece al pueblo español en su conjunto, artículo 2, y porque el artículo 92 no prevé que pueda votarse un referéndum sobre una materia reservada a la reforma constitucional".

Agregaron que "Cataluña se rige por la Constitución Española de 1978, y por un estatuto de Autonomía aprobado en 1979 y reformado en 2006".

Y remarcaron, asimismo, que "el referéndum, no tiene los estándares internacionales requeridos para este tipo de procesos y Cataluña no puede reclamar el derecho de autodeterminación", a la vez que subrayaron que "la ONU reconoce la autodeterminación a las colonias y pueblos oprimidos, pero Cataluña no lo es".

"Se acusa al gobierno español de atentar contra los derechos civiles, cuando los actuales responsables de la Generalitat siguen ejerciendo sus cargos y la gente se puede expresar con total libertad", sostuvieron.

"Para que un referéndum sea democrático debe celebrarse en un régimen democrático y ateniéndose al marco constitucional", finalizaron.