Bahía Blanca | Martes, 19 de marzo

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Asentamientos en la mira

En algún momento fueron “rancheríos en las afueras”, luego se los denominó villas miseria, más tarde villas de emergencia y hoy se los reconoce, de manera oficial, como asentamientos precarios o informales.

Todos estos motes se refieren a barrios o grupos de viviendas de extrema vulnerabilidad.

Muchos de estos conjuntos -con poblaciones en algunos casos de miles de habitantes y una antigüedad que supera a barrios tradicionales- han surgido de usurpaciones, es decir, de ocupar terrenos propiedad del Estado (municipal, provinicial o nacional) o de privados, con lo cual sus ocupantes carecen de cualquier papel que les permita acceder a servicios y prestaciones o regularizar su situación de dominio.

De acuerdo con un estudio realizado desde el Estado provincial, en nuestra ciudad existen 32 de estos asentamientos, desparramados en unas 300 hectáreas de tierra, en los cuales se ubican al menos 6 mil viviendas alojando a unas 30 mil personas en estado de precariedad.

De allí que resulte favorable la ley aprobada por la gobernación bonaerense para impedir todo tipo de desalojo legal o administrativo de estos asentamientos por al menos un año, al tiempo de poner en marcha un plan de regularización y mejora de los mismos, apuntando a regularizar la propiedad de sus habitantes.

No se trata de avalar conductas ilegales de ocupación de tierras, pero sí de ordenar barrios consolidados, que llevan décadas de existencia y que a esta altura exigen una ayuda para mejorar sus condiciones de vida y poner en orden muchas cuestiones cotidianas.

No se acepta ya que seis mil familias estén conectadas de manera ilegal a los servicios de agua y electricidad, sin pagar sus consumos y generando situaciones de riesgo a partir de conexiones informales y severas afectaciones a la calidad del servicio propio y de barrios aledaños.

Tampoco pagan ninguna clase de impuestos, no pueden reclamar el arreglo de sus calles, no disponen (en muchos casos) del servicio de ómnibus ni de escuelas cercanas y otras prestaciones.

En buena hora que se dejen de lado “distracciones”, se asuma la situación y se genere una respuesta que atienda derechos y también genere obligaciones.