Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

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Un pequeño gran traspié

La judicialización de los ajustes tarifarios dispuestos por el gobierno nacional se ha convertido en el centro de una polémica que muchos consideran el primer traspié del gobierno de Mauricio Macri, quizá no tanto por su trasfondo sino por las formas.

Por estas horas, la Justicia ha tomado intervención, el Gobierno ha salido a corregir y readecuar y se han registrado las primeras manifestaciones públicas en contra de una medida que muchos consideran adecuada -la política tarifaria en materia energética exigía un sinceramiento-, aunque adoptada sin cumplir algunas cuestiones legales.

El juez José Luis Arias, el primero en frenar los aumentos, señala, por ejemplo, que se vulneró el artículo 42 de la Constitución Nacional, el cual indica que los usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz.

Las autoridades deben generar la protección de esos derechos, la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión del mercado, contra el control de los monopolios, para asegurar la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Deben establecer procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, previendo la participación de las asociaciones de consumidores y de los organismos de control.

También cita el artículo 38 de la constitución bonaerense, en similares términos, menciona que la Provincia debe proveer la educación para el consumo, el establecimiento de procedimientos eficaces para la prevención y resolución de conflictos.

Por último, refiere los artículos 5 y 13 de la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. En ellos se menciona que cada Estado aplicará políticas eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad, la debida gestión de los asuntos públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

Lo que se necesita, entonces, es corregir el procedimiento, que en este caso sugiere la realización de una audiencia pública, que garantice el derecho de los consumidores a escuchar las explicaciones del Gobierno en sus decisiones, y que los funcionarios tomen cuenta de sus opiniones. Esta herramienta, además de dar el necesario marco legal, resulta adecuada para tomar decisiones más justas y racionales, y evitar así una sucesión de errores que inevitablemente dañarían a todo el sistema.