Una ciudad que no tiene código

Redacción de La Nueva.

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Han pasado casi cinco años desde que un grupo de vecinos del barrio Universitario concurriera a la Justicia por considerar que la tramitación de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante en el año 2011, modificando algunos artículos del Código de Planeamiento Urbano para ese barrio, no había cumplido con la realización de una audiencia pública, indicada por otra ordenanza anterior, y también promulgada por el cuerpo deliberativo, como condición previa e indispensabe a cumplir antes de hacer ese tipo de cambios.

La justicia dio lugar al reclamo vecinal y dejó sin efecto la nueva normativa, hasta tanto resolviera lo que se menciona como “cuestión de fondo”, esto es: si es acertado el planteo de que se debió haber verificado esa reunión entre distintos actores que, previo a cualquier visto bueno, deben dar a conocer sus opiniones sobre el tema, más allá de que estas opiniones no tengan un carácter vinculante, es decir, que no necesariamente son considerados a la hora de aprobar definitivamente la ordenanza.

Lo singular del caso es que, cancelada la nueva normativa, el municipio creyó que correspondía seguir recurriendo a la anterior, a la original, a la que no se veía afectada por la modificación fallida.

Sin embargo, la Justicia volvió a meter la cola en el asunto y determinó que tampoco podía echar mano a ese escrito, con lo cual se generó la insólita situación de dejar a todo un sector urbano sin su correspondiente Código de Planeamiento.

Esto significa que ningún vecino puede iniciar una construcción –de ningún tipo, escala o envergadura-, ya que el municipio no puede considerar si el proyecto es adecuado o correcto, porque no dispone de la herramienta básica para verificar alturas permitidas, metros cuadrados posibles de ser construidos y otras cuestiones clave de cualquier emprendimiento edilicio.

De resultas de esta insólita situación, el sector donde históricamente más se ha construido en los últimos veinte años –barrios Universitario, Napostá, Pacífico- carece de sustento legal para quienes pretendan construir.

El hecho pudiera ser circunstancial, pero es difícil entender que hayan pasado cinco años, casi dos mil días, sin que los jueces hayan todavía decidido si esa audiencia –un encuentro que puede durar unas horas- debiera o no tener lugar.

en rigor de verdad, la situación de este sector de nuestra ciudad no puede calificarse sino como una vergüenza.