BUENOS AIRES (NA) -- El intendente porteño, Mauricio Macri (Pro), logró ayer un acuerdo con el principal gremio municipal porteño para revisar los contratos vigentes, pero manteniendo la decisión de no renovar los ya caídos, y hacer un censo de los empleados públicos que tiene la ciudad.
     El acuerdo, suscripto tras la desactivación del paro de 72 horas anunciado para esta semana, incluye la movilidad de los trabajadores, que podrán ser reubicados según las necesidades de la administración.
     El entendimiento, según el macrismo, resultó positivo para sus intereses. "El gremio vio que tiene a la opinión pública en contra", se interpretó, admitiéndose que el Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) aún cuenta con instrumentos de presión.
     El jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que la situación de los dos mil contratados a los que no se les renovó el vínculo no estuvo en discusión. "Esa decisión ya está tomada y no hay vuelta atrás", señaló.
     De ahora en más, gobierno y sindicato analizarán la situación de unos 18 mil contratados al tiempo que se confeccionará un censo obligatorio de los 120 mil trabajadores de planta permanente para certificar las tareas que cumplen.
     Uno de los cinco puntos del acta establece la movilidad del personal entre las distintas dependencias que podrá instrumentarse atendiendo las razones de organización e índole operativa que así lo determinen y para la que deberá tenerse en cuenta la experiencia y capacitación laboral al momento de la transferencia.
     También se iniciará un programa de jubilación para quienes reúnan los requisitos necesarios y se pondrá en marcha un programa de compensación monetaria "acotado en el tiempo" que contemple las diferentes realidades remunerativas.
     El documento fue firmado por los secretarios gremial (Alejandro Amor), de finanzas (Genaro Trovato) y de prensa del SUTECBA (Enrique Pistoletti) junto al subsecretario de Trabajo (Jorge Ginzo) y el director general de Recursos Humanos del gobierno porteño (José Ohrnalian).
     Amor consideró que uno de los ítem permite la revisión de todos los contratos --aun los dos mil que Macri ya dio de baja y que generaron la mayor resistencia sindical--. "Así fue comunicado por los funcionarios que firmaron", adujo, en contraposición a Rodríguez Larreta.
     El acta formal acepta todos los puntos exigidos por el gobierno de la ciudad en medio del diferendo, pero no incluye la otra pata del conflicto: la intervención de la obra social de los municipales porteños.
     En este orden, y para la crucial reunión legislativa de mañana, el macrismo se habría asegurado el respaldo del bloque de ARI, tanto ortodoxo como disidente, al proyecto que avala la intervención y la desregulación de la obra social.
     Situado en la vereda de enfrente al predominante SUTECBA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificó su paro de hoy con movilización a la jefatura de gobierno.
     A la vez, la jueza Elena Aramburu de Liberatori debe resolver también hoy el amparo presentado por los dirigentes de la Obra Social de Buenos Aires (Obsba) para que se anule la intervención de ese organismo.
     Según el recurso presentado por el gremio, con el patrocinio del abogado Daniel Llermanos, el decreto firmado por Macri no cumple con los requisitos legales necesarios.
     Basado en "el derecho a la salud integral" que establece la Constitución porteña, el jefe del gobierno dictó la intervención por 180 días corridos, prorrogables por igual período en caso de ser necesario.
     "En cumplimiento del deber inexcusable que cabe al gobierno de la ciudad de velar por la salud de sus agentes dependientes y sus respectivos grupos familiares, así como de los jubilados, pensionados y retirados, resulta imperioso el dictado de una norma que disponga un régimen de regularización de Obsba, a efectos de facilitar el cumplimiento de la Ley 472", indica el texto.
     De los 140.000 empleados públicos que tiene la ciudad de Buenos Aires --incluidos sus docentes y médicos--, 120.000 están afiliados a Obsba; sumados sus familiares más los jubilados, la cantidad trepa a 350.000.
     Económicamente, el organismo maneja un presupuesto anual de 350 millones de pesos: casi un millón de pesos por día.