BUENOS AIRES (DyN) -- Los crímenes cometidos por la organización guerrillera Montoneros, con Mario Firmenich a la cabeza, no serán investigados judicialmente porque no son delitos de lesa humanidad y por lo tanto se encuentran prescriptos, sentenció ayer la Cámara Federal porteña.
     "Es equivocado sostener que los delitos atribuidos a la organización constituyan crímenes contra la humanidad. Sin duda, el error radica en confundir la pretensión de acceder al poder político, que caracteriza a toda agrupación política --violenta o no-- con el ejercicio del poder político, de dominio sobre una población civil determinada", sostuvo el fallo de la Sala I de la Cámara.
     La resolución se conoce en la misma semana en la que fueron condenados ocho ex militares, entre ellos el ex jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, por los secuestros de seis militantes montoneros --de los cuales cinco permanecen desaparecidos-- que en 1979 y 1980 participaron de "una contraofensiva" contra el gobierno militar.

24 muertos. Los jueces Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah revisaron la apelación que se había presentado para reabrir la investigación sobre el ataque de la organización terrorista cometido el 2 de julio de 1976, cuando 9 kilos de trotyl se detonaron en el comedor de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal y murieron 24 personas.
     Hugo Biazzo, uno de los 60 heridos en ese ataque, reclamó a través del abogado y ex juez Norberto Giletta que se reabra la causa y se castigue a los dirigentes de Montoneros "frente a la aplicación de advenediza doctrina, por entender que aquel episodio fue un hecho militar de 1976".
     Al estudiar el planteo de Giletta, tanto el fiscal Jorge Alvarez Berlanda como la jueza federal María Servini de Cubría rechazaron la pretensión para investigar a Mario Firmenich y los integrantes de Montoneros Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Lauletta, Norberto Habegger y Lila Pastoriza.
     Sin embargo, Giletta apeló ante la Cámara Federal y los jueces de la Sala I volvieron a cerrar el caso: "La naturaleza aberrante del suceso y el inconmensurable daño ocasionado, no ignorado por el Tribunal, no bastan por si para superar los diques estrictos, que establecen que el caso se encuentra prescripto".

El fallo. "El ataque al cuartel de policía no fue un crimen de guerra, como categoría integrante del derecho penal internacional ni tampoco un crimen de lesa humanidad", estableció el fallo.
     Según se subrayó, "los crímenes contra la humanidad son cometidos en el marco de una acción masiva o sistemática, dirigida, organizada o tolerada por el poder político" y por ello debería aquí considerarse el accionar violento que tuvo Montoneros durante los años '70.
     Los jueces remarcaron así que la figura de lesa humanidad implica que "esos delitos sean cometidos por agente estatal en ejecución de acción gubernamental o por un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal".
     La Corte Suprema de Justicia, al resolver sobre la extradición de un miembro de la ETA española, también había remarcado que sólo pueden considerarse delitos de lesa humanidad los planes sistemáticos desarrollados por un Estado.
     Además, la Cámara Federal remarcó que en el juicio a las Juntas Militares se estableció que ya en 1975 "las bandas subversivas fueron derrotadas en todas las acciones de envergadura emprendidas y su capacidad operativa había sido drásticamente disminuida".

Caso Valle Larrabure. La declaración de delitos de lesa humanidad a los hechos cometidos por organizaciones guerrilleras también fue solicitada por el hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado en 1974 y ultimado después de un año de cautiverio por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
     En ese expediente, el fiscal general de Rosario, Claudio Palacín, dictaminó que ese episodio fue un delito de lesa humanidad.
     A los Montoneros se les atribuye el asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu, uno de los artífices de la Revolución Libertadora que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955 y fue presidente; los ataques al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa y al cuartel del Ejército de Monte Chingolo (junto con el ERP); el asesinato de Arturo Mor Roig, ministro del Interior del gobierno de Alejandro Agustín Lanusse, y el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, entre varios de los hechos más resonantes.
     Los jefes de Montoneros, como Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Cirilo Perdía y Rodolfo Galimberti habían sido indultados por el ex presidente Carlos Menem, quien también otorgó el mismo beneficio a militares del gobierno de facto.
     Montoneros actuó como uno de los brazos del peronismo, con el aval del fundador del justicialismo, quien luego, en su tercera presidencia, les ordenó dejar las acciones armadas, con lo cual se quebró la relación.
     La organización guerrillera siguió actuando en la clandestinidad y en 1979 y 1980 realizó "una contraofensiva" en la cual murieron varios de sus militantes. Además, en el mismo expediente, Vaca Narvaja y Perdía estuvieron detenidos por orden del juez federal Claudio Bonadío, quien les atribuía una presunta responsabilidad en la muerte de esos activistas por haber ordenado esa "contraofensiva".