A poco más de dos años de haber reestructurado la deuda externa, la Argentina enfrenta más de quinientos juicios iniciados por bonistas que no aceptaron la quita ofrecida del 75%.
     La mayor cantidad de demandas está radicada en los tribunales alemanes, donde se iniciaron unas cuatrocientas causas, aunque por montos relativamente chicos (unos 190 millones de euros en conjunto).
     Mucho más significativas son los 120 procesos en los Estados Unidos, casi todos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos), a cargo del juez Thomas Griesa. ¿Cuánto hay en juego? U$S 2.900 millones.
     Como si fuera poco, la denominada Task Force Argentina (TFA) --grupo que afirma representar a la mayoría de los italianos que no participaron en el canje-- amenaza con promover iniciativas de arbitraje bajo el tratado bilateral de inversión.
     Estos procesos --que involucran a unos 195 mil damnificados por U$S 4.400 millones de dólares-- fueron abiertos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
     Finalmente, hay causas iniciadas por bonistas particulares en Italia (13) y en España (2) por montos pequeños, según datos recopilados por el ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro.
     Los movimientos comenzaron luego de que la Argentina concluyera, en mayo de 2005, la reestructuración de su deuda. Consecuentemente, el 76,5% de los tenedores de bonos aceptaron una quita del 75%, lo que representó un recorte de deuda cercano a U$S 65 mil millones.
     De todas formas, títulos por aproximadamente U$S 20.000 millones quedaron fuera del acuerdo y muchos tenedores iniciaron juicios para cobrar al 100%.
     El caso más resonante lo protagoniza Kenneth Dart, dueño de dos fondos buitres, quien compró una serie de Bonos Global 2008, en noviembre de 2001. Si bien el precio teórico era de U$S 595 millones, pagó menos del 30% de su valor nominal. Ahora, reclama U$S 728 millones.
     Otro dato: en los Estados Unidos se emitieron sentencias en 49 casos por U$S 1.750 millones, aunque quedan otras 55. Argumentando que resulta insuficiente la prueba con la que los bonistas buscan demostrar la compra y la titularidad del beneficio continuado de sus papeles, el gobierno "K" apeló 24 sentencias.