El carácter obligatorio de la enseñanza secundaria, y su inalcanzable mete de incluir a todos, no solo desvela a
especialistas, funcionarios y estudiantes argentinos sino, además, a sus pares de América latina.
"El cumplimiento de la obligatoriedad dependerá de que estén dadas las condiciones de distribución equitativa de la
riqueza y de justicia social, que garanticen a los padres que sus hijos estarán diecisiete o dieciocho años en la
escuela y no serán enviados, prematuramente, a trabajar", objeta el ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco.
Este aspecto se replica en el Brasil y Chile, con matices más específicos de acuerdo a sus realidades. Algunas
estadísticas revelan que son 35 millones de niños y adolescentes de entre tres y dieciocho años los marginados del
sistema escolar subcontinental.
Aunque el ciclo secundario es obligatorio en la mayoría de los países, todavía falta mucho por hacer en cuanto a la
inclusión de grupos vulnerables (estudiantes indígenas y afrodescendientes), capacitación de los maestros e inversión
en infraestructura.
La educación, según los especialistas, es la garantía de "romper con la pobreza" de los jóvenes, pero otras dos
claves pasan por qué tipo de enseñanza se imparte:
* El aumento de los años de escolaridad obligatoria, ¿garantiza incorporación de conocimientos novedosos o aprenden más
de lo mismo?
* ¿Se incluyen las nuevas tipologías adolescentes --conocidas como tribus urbanas-- y las casi olvidadas etnias
latinoamericanas?
Durante un reciente encuentro en la Capital Federal, la ministra de Educación chilena, Mónica Jiménez, resaltó que
el 98% de los jóvenes trasandinos asiste a la escuela media, pero no ocultó su inquietud por la no inclusión de un
millón de mapuches.
"No sólo hay que brindarles buenos contenidos en las aulas, también hay que asegurarles medios de transporte para
que puedan llegar al colegio, un ingreso mínimo para sus familias y políticas complementarias que garanticen la
inclusión con respeto a la diversidad", se sumó el representante de las Naciones Unidas para la niñez (UNICEF), Mario
Volpi.
Laura Hojman/DyN