Es público y notorio el estado de caos generalizado que se vive en el país. Desde el punto de vista político-constitucional, se asiste a una suerte de catalepsia de los diferentes órganos funcionales del Estado, sustituidos en su protagonismo legal y político por la presidenta de la Nación y el presidente del Partido Justicialista.

     La división entre el llamado "poder" y la mayor parte de la sociedad, ocasionada por la terquedad oficial en esquilmar al aparato productivo agropecuario, puso sobre el tapete un recurso dialéctico utilizado por la pareja gobernante y sus incondicionales, que, por serlo, son enemigos de la Constitución, que no admite incondicionalidad en el ejercicio de la función pública. El ariete dialéctico oficial es que la presidenta ganó las elecciones, que fue elegida por un sector numéricamente muy importante y, por ende, la discrepancia con ella implica alzamiento contra la voluntad popular. La idea es que los diputados le deben acatamiento, pues ella simboliza la voluntad del pueblo. Que los senadores deben aprobar sus iniciativas, pues ella encarna al pueblo. Que los gobernadores, los intendentes y los demás, entre los que estamos todos, debemos acatar sus decisiones, sin disidencias ni protestas, ya que la presidenta y su marido son el pueblo, y quienes no se sometan a sus decisiones persiguen un golpe de estado. Este es el discurso oficial, pero no es la ley, no es la Constitución ni es la república ni la democracia.

     Más allá de las dudas que puedan despertar las últimas elecciones presidenciales, en aquellos que las tengan, en el discurso oficial hay un grave ataque a la esencia misma de las instituciones. En efecto, los diputados y senadores nacionales lo son en virtud de un pronunciamiento electoral, de contenido tan válido como el de la presidenta de la Nación. Los gobernadores, los legisladores provinciales y los intendentes lo son en virtud de un pronunciamiento electoral de tanto vigor como el de la presidenta de la Nación. Por ende, es de la esencia de los cargos representativos ejercerlos de acuerdo con el leal saber y entender de quienes los desempeñan. Y si en el ejercicio de su función se enfrentan a la voluntad presidencial, ello es propio de las obligaciones emergentes de su cargo, que se sustentan en normas de jerarquía constitucional. Para que quede más claro: todo aquel que presione, intimide, amenace e impute arremetimiento contra la voluntad popular a un ocupante de una función gubernamental por discrepar u oponerse constitucionalmente a un proyecto o a la voluntad presidencial, incurre en las conductas especialmente penadas por los artículos 226, 227, 227 bis y 227 ter del Código Penal, que contemplan penas gravísimas para estos delitos contra el orden constitucional y la vida democrática. O sea que estos oficialistas extremos están atentando contra el orden constitucional. Ellos son los que se alzan contra la voluntad popular, la permanente que es la plasmada en la Constitución Nacional.

     Otra argucia argumental del oficialismo extremo es la acusación de golpismo descargada contra el campo, contra los dirigentes de la oposición, contra quienes desde distintas tribunas discrepan contra la política cónyugo-presidencial. Discrepar y alzarse contra la política del gobierno forma parte del derecho de todos, siempre que lo hagamos en el marco de la ley, que incluye hasta la impugnación judicial y el ejercicio del derecho de huelga en toda la magnitud de la acepción. Estas conductas discrepantes no importan propensión al golpe de estado. Pero cuidado: que la democracia y la república no son impidientes del derecho a la protección contra la ineptitud y contra la arbitrariedad, que preserva la sociedad en el marco de la Constitución.

     No se necesita ser opositor, sino simplemente no ciego, para apercibirse que el país está inmerso en el más profundo de los caos. La producción está sometida al más arrebatado ataque desde el poder. Los índices de medición han sido adulterados por completo con la finalidad de desinformar a la sociedad. La inflación se desató en una espiral que se vislumbra imparable, quizá de efectos mas traumáticos que los habidos en tiempos del ministro Celestino Rodrigo. La crisis energética, atenuada en su gigantesca y merecida repercusión por la guerra contra el campo, adquiere ribetes de verdadera catástrofe en tiempos ya previsibles. La magnitud y el costo de la deuda pública, unida al cierre del crédito a la Argentina y al agotamiento de los fondos disponibles en el territorio para la concesión de crédito, hacen ya visible una cesación de pagos del Estado, que ejercerá su tremenda influencia en el territorio y en todos los ámbitos del quehacer nacional. ¿Como protege la ley a la Nación ante este panorama?

     Por suerte, los argentinos aprendimos la lección y la acusación de golpismo sólo es hoy aplicable a los que persiguen la imposición presidencial por sobre el vigor de las instituciones. No son las Fuerzas Armadas las llamadas a salvar al país. Es la Constitución. Es la Constitución la que especialmente prevé el derecho y la obligación de la Cámara de Diputados de promover la acusación contra el gobernante, la presidenta, si ésta incurre en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

     Poner en movimiento el enjuiciamiento de un gobernante no es prohijar un golpe de estado, sino llamar a la Constitución para que proteja al país, al pueblo, contra el mal gobierno, contra la irresponsabilidad, contra la arbitrariedad, contra la imposición sin atenuante. Claro, también la Constitución prevé el medio para cubrir la vacante. En este momento particular de la Argentina, un vicepresidente integrante de la alianza, pero ajeno al partido oficial, sería un suplente constitucional políticamente débil. Sin embargo, si se diera el caso, esa debilidad quizá fuera más que saludable para el futuro argentino, pues fortalecería a los demás órganos funcionales del Estado en todos sus estamentos, que podrían así contribuir al renacimiento de la República, ya sin los temores y los incentivos de un poder con pretensión de autoritarismo, para lo que esa presidencia sería impotente.

     Alberto F. Robredo es abogado.