Los concejales del bloque del Frente Para la Victoria hicieron público su "total desacuerdo" con las expresiones vertidas por el intendente Cristian Breitenstein respecto del sobreseimiento dictado, días atrás, por la Cámara de Apelaciones para con el ex intendente Rodolfo Lopes.
     Ante el conocimiento de la resolución, Breitenstein afirmó que la noticia constituía "un mal mensaje para la sociedad".
     En un comunicado, los ediles de la mencionada bancada señalaron que "como representantes elegidos por la comunidad bahiense y desde el pleno convencimiento de que el respeto y la salvaguarda de las garantías constitucionales conforman uno de los pilares fundamentales de un sistema republicano, entendemos que la resolución en cuestión conlleva un mensaje que la sociedad, en su conjunto, debe interpretar y apreciar en su justa medida como una protección contra los posibles abusos de poder y un aporte sustancial a la consolidación de un estado de derecho".
     Luego, apuntan que "nos parece aventurado y muy riesgoso adjudicar impunidad a alguien cuyas garantías han sido vulneradas, mucho más como habitantes de un país que tiene en su historia reciente dolorosos ejemplos sobre los peligros que supone pasar por encima de los derechos personales establecidos por la Constitución Nacional".
     Señalan que también les parece "inadmisible la insistencia en deslizar sospechas sólo sustentadas por medio de mecanismos ilegales, acaso en procura de obtener réditos personales, y sin dudas, por la investidura de quien las vierte, sin medir la cuota de confusión e intranquilidad que ellas pueden generar a una ciudad que, inmerecidamente, padeció, como consecuencia de un proceso viciado de nulidad, uno de los períodos más traumáticos de su historia política".
     Afirman, luego, que resulta "por lo menos, curiosa y sugestiva a la vez, que proclive de prestarse a un análisis más profundo, sobre la indispensable atribución de responsabilidades que Bahía Blanca (acaso con la ayuda de un sistema judicial verdaderamente independiente) deberá hacer para poder mirar de frente a su futuro, la evidente sintonía puesta de manifiesto entre las opiniones expresadas por el intendente y el fiscal general, Juan Pablo Fernández, tomando cada uno esta noticia, tanto a través de sus tonos como de sus dichos, como una suerte de revés personal, del que pretenden hacer partícipe a toda la sociedad".
     Por último, afirman que "no se puede aceptar que se aprovechen investiduras para propagar mensajes reaccionarios y, más grave aun, reñidos con mínimas y elementales nociones de derecho".