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   Viernes 5 de septiembre de 2008
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No prosperó un amparo de Patti

La Justicia rechazó un recurso presentado por el ex intendente de Escobar --actualmente detenido-- para ser reincorporado a la Cámara baja.

     BUENOS AIRES (DyN) -- La Cámara Nacional Electoral rechazó un recurso de amparo presentado por el ex intendente de Escobar Luis Patti, detenido en la cárcel federal de Marcos Paz por delitos de lesa humanidad, para ser reincorporado a la Cámara de Diputados, se informó ayer en Tribunales.
     Patti alegó que el desafuero que aprobó el Parlamento para que sea sometido a la investigación de la Justicia fue inconstitucional porque no pudo ejercer su derecho de defensa, pero la Cámara Electoral sostuvo que la Constitución Nacional prevé suspender al legislador en su cargo para ponerlo a disposición del juez.
     "El desafuero tiene por fin inmediato suspender al legislador en sus funciones para ponerlo a disposición del juez que lo solicitó, lo cual no lo descalifica para recobrar su cargo si así procediera", afirmaron los jueces Rodolfo Munne, Santiago Corchera y Alberto Dalla Vía en un fallo dictado el lunes que se conoció ayer en tribunales.
     Según se indicó, la Cámara "entendió que el proceso previsto en el artículo 70 de la Constitución Nacional, que concluyó en el desafuero de Patti, no es un juicio contra el título de legislador ni contra el ciudadano que lo inviste, que merezca el ejercicio de la defensa de derechos parlamentarios o personales, toda vez que no está en juego allí un interés propio que pueda verse afectado por la resolución que adopte el cuerpo legislativo".

Medida precautoria
     Patti, que fue subcomisario de la Policía Bonaerense e intendente de Escobar, está preso en la cárcel de Marcos Paz, acusado de crímenes cometidos durante el última gobierno militar.
     "En definitiva, no es una sanción contra el legislador, como lo es la expulsión. Es una medida precautoria de carácter político, que no tiene efectos en sede judicial, sino sólo para permitir que se tomen medidas sobre la persona del acusado", agregó la Cámara Nacional Electoral, que confirmó un fallo de la jueza federal Romilda Servini de Cubría.
     Diputados le impidió a Patti asumir la banca que obtuvo en las elecciones de octubre de 2005 al considerar que estaba moralmente inhabilitado para hacerlo por la causa en la que se lo investiga por el secuestro, tortura y desaparición del ex diputado peronista Diego Muñiz Barreto y de Gastón Goncalvez y Carlos Souto, durante el última gobierno castrense.
     El desafuero llegó a la Corte Suprema de Justicia, que lo habilitó a asumir su banca ya que, resolvió, las impugnaciones contra los candidatos deben realizarse antes de las elecciones y por eso correspondía que Patti primero jure en el cargo y después Diputados podía proceder a aprobar su desafuero, lo que finalmente ocurrió.
     En ese marco, el ex subcomisario volvió a quedar detenido por orden del juez de San Martín, Alberto Suárez Araujo, y actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Marcos Paz.

Piden el enjuiciamiento del ex ministro Cavallo
     El fiscal federal Federico Delgado pidió que el ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo sea sometido a juicio por supuesto fraude a la administración pública, a raíz de una medida en beneficio de empresas pesqueras en 2001, informaron ayer fuentes judiciales.
     Para la Fiscalía, Cavallo dictó una resolución que impedía cobrar multas impositivas a empresas pesqueras por casi medio millón de pesos-dólares.
     La defensa de Cavallo, sin embargo, se justificó diciendo que con esa resolución se intentó evitar que se produjera un mal mayor para evitar posibles juicios contra el Estado que estaban iniciando las pesqueras afectadas.
     Ante el pedido fiscal de juicio, fuentes allegadas a Cavallo insistieron ayer en que los responsables del área involucrada "fueron los que le acercaron" al entonces ministro de Economía "la resolución para que la firmara" supuestamente "a pedido de las empresas pesqueras".
     Sin embargo, el fiscal Delgado consideró a Cavallo presuntamente responsable del delito de "defraudación a la administración pública", castigada con penas de hasta seis años de prisión, y pidió que lo manden a juicio. (DyN)

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