La conmoción que provocó el resultado adverso de las elecciones legislativas recién comenzó a ser digerida en el
seno del gobierno. El ya ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, no fue un fusible en medio de la crisis. En
realidad, nunca le pidieron la renuncia. Fue él quien la presentó de manera indeclinable, acosado por una serie de
causas judiciales que lo acorralan.
Pero lo más probable es que los movimientos en el gabinete continúen. Todo indica que Julio de Vido salió
fortalecido y es hoy el funcionario más escuchado por la presidenta. Puso un hombre de su confianza, Juan Pablo
Schiavi, en Transporte, y hoy se ha transformado en una "paloma" dentro del gobierno.
Es quien más contactos tiene con el universo empresario y trata de impulsar medidas que apunten a la mayor
racionalidad posible desde lo económico.
De Vido es quien desde hace semanas le viene insistiendo a Cristina de Kirchner sobre la necesidad de prescindir de
una vez por todas con Guillermo Moreno, hasta hace poco tiempo su defendido. Pero no se trata de una decisión sencilla,
ya que es Néstor Kirchner quien avaló cada una de las medidas y decisiones adoptadas por el secretario de Comercio
Interior.
Aún con todas las críticas, Moreno tiene una ventaja sobre Jaime: no tiene causas judiciales vinculadas a hechos de
corrupción. Sí, en cambio, hay presentaciones que lo imputan por manipulación estadística.
Prescindir de Moreno implicaría todo un desafío para el gobierno. Implicaría revisar el funcionamiento del INDEC y
poner bajo la lupa los números de la economía. La transparencia estadística tiene, al menos para el caso argentino,
implicancias profundas. El hecho es que el declive en la imagen ante los inversores del gobierno de Néstor Kirchner y
luego el de Cristina está relacionado con el "toqueteo" de los números de inflación, que luego terminó abarcando a
otras áreas.
Así las cosas, resulta más compleja la eventual salida de Moreno que prescindir del secretario de Transporte, que
actuaba básicamente como un gran distribuidor de subsidios a las empresas del sector.
También Carlos Fernández quedó en la cuerda floja. En su entorno descuentan, de todas manera, que cualquier recambio
no significará una salida del gobierno. Se trata de un técnico valorado por el matrimonio presidencial (además de un
hombre de consulta), pero claramente su presencia en el ministerio de Economía está desdibujada. No podía ser de otra
manera teniendo como ministro en las sombras al propio Néstor Kirchner.
Pero lo concreto es que la presidenta comenzó una ronda de consultas con su círculo más cercano para preguntar sobre
posibles nombres para que integren esta cartera y también sobre los futuros pasos que deben darse en materia económica.
"Ella sabe qué es lo que hay que hacer. Pero habrá que ver si tiene la decisión política para avanzar sobre los
cambios que hacen falta para generar confianza", explicó un gobernador de buena llegada a Casa Rosada tras reunirse con
Cristina.
Los mercados, mientras tanto, festejaron, con nuevas subas de los títulos públicos y el riesgo país que cayó por
primera vez en el año cayó por debajo de los 1.000 puntos básicos. La derrota del oficialismo despertó la expectativa
de un mayor control al gobierno y los primeros movimientos del gabinete también generaron la esperanza de un cambio más
profundo en lo que a medidas de política económica respecta.
El gobierno considera que está en condiciones de evitar cualquier descalabro económico, a partir de dos pilares:
despejar el horizonte financiero de 2010 y 2011 (es decir hasta que venza el mandato de Cristina de Kirchner) y
consolidar el frente fiscal, muy debilitado tras el aumento del gasto público en los meses anteriores a las elecciones.
El frente empresario también buscará mayor protagonismo en las próximas semanas. Se acerca, aunque no será la semana
que viene, un encuentro de las principales cámaras (UIA, Cámara de Comercio, Construcción, ADEBA y Bolsa, entre las más
importantes) para plantear sus posturas relacionadas con los próximos dos años y medio. Quieren dejar de lado la poca
opinión que tuvieron en los últimos años y casi nula injerencia en las decisiones oficiales.
Aún antes de reunirse, ya hay consenso en cuál sería la primera recomendación al gobierno: dejar atrás la emergencia
económica, que se arrastra desde 2002. Toda una declaración de principios, pero que esconde otro objetivo: forzar al
gobierno a negociar con la oposición cómo será la política económica en 2010.
Pablo Wende/"La Nueva Provincia"