BUENOS AIRES (NA, DyN y Télam) -- El enfrentamiento entre los gremios de la Ciudad de Buenos Aires y Mauricio Macri sumó ayer un actor de peso, luego de que el titular de la CGT, Hugo Moyano, saliera a repudiar enérgicamente las medidas de la administración porteña, que fueron defendidas por la primera línea del macrismo.
     Así, mientras la CGT, ATE y Sutecba atacaron duramente la decisión de intervenir la obra social de la Ciudad y la no renovación de más de dos mil contratos de la administración pública porteña, la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, y el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, las ratificaron y defendieron fuertemente.
     "La CGT y la secretaría de Derechos Humanos repudiamos enérgicamente las medidas tomadas por el gobierno de Macri, que atentan contra un derecho fundamental de los trabajadores como es el derecho a la salud", expresó la central a través de un comunicado firmado por Moyano y su secretario de Derechos Humanos, el dirigente judicial Julio Piumato.
     Advirtió que los únicos dueños de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba) "son los trabajadores", considerando que "para Macri, la negra y larga noche del neoliberalismo no terminó".
     "En defensa de los derechos de los trabajadores municipales, decimos no a los despidos y no a la intervención de la obra social", concluyó la central gremial mediante el comunicado.

Decisión unilateral. Por su parte, el dirigente del Sutecba y presidente de la Obsba, Patricio Datarmini, denunció que la decisión tomada por el gobierno macrista "fue unilateral, sin consulta a la parte sindical", asegurando que el decreto de intervención de la obra social fue dictado "sin tener facultades".
     Así, Datarmini anticipó: "La obra social va a presentar los recursos correspondientes en la Justicia para rechazar esta intervención".
     El gremialista también estimó que la medida tomada por Macri pertenece a "una campaña de grupos financieros que pretenden que se desregule la Obsba para que algunos gremios vendan su padrón a las empresas de medicina) prepagas".
     Datarmini sostuvo que la Obsba pertenece al sistema integrado de salud, y que por lo tanto el único que puede dictar una norma, como la que firmó Macri, es el gobierno nacional, mediante una ley".
     El decreto, según explicó el dirigente sindical, en declaraciones radiales, "está viciado de nulidad porque ni la Legislatura ha participado" en su redacción.

Explicación oficial. Por su parte, Michetti sostuvo que la intervención de la obra social de los municipales afectó a "un sector muy chiquito", explicando que con la medida se apuntó a atacar de entrada a sectores muy acostumbrados y tranquilos en la defensa de intereses que no eran del bien común.
     En la misma línea, Rodríguez Larreta especificó que la Obsba gestiona 340 millones de pesos y que al intervenirla "muchos gremios apoyaron la medida, pero los únicos que se opusieron es el gremio que regentea la obra social, que maneja esos 340 millones".
     "Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, no debería sorprender. Durante la campaña dijimos que íbamos a apuntar a que los trabajadores de la Ciudad puedan elegir su obra social", remarcó Rodríguez Larreta, quien afirmó que la Obsba daba un servicio muy malo.
     En cuando al cese de dos mil contratos, Larreta defendió el argumento de que esos puestos correspondían a "ñoquis y contratos políticos", al afirmar que "los contratos políticos se tienen que ir y punto".
     El enfrentamiento político entre los gremios y el gobierno porteño, que comenzó con la no renovación de dos mil contratos y recrudeció con la intervención de la Obsba, canalizó en un paro de los estatales que comenzó el miércoles y se repetirá toda la semana.