La sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal sobreseyó al ex intendente Rodolfo Lopes de los cargos
de peculado y estafa que pesaban sobre él, por considerar que no se acreditó la existencia de los hechos investigados
en base a las pruebas presentadas.
El fallo unánime de los doctores Hugo Angel Cavallaro, Guillermo Emir Rodríguez y Alfredo Hernán Mones Ruiz también
alcanzó, en igual sentido, a Mónica Grimberg, ex secretaria municipal de Gobierno durante la administración Lopes;
Domingo Culotta, ex contador general de la comuna, y los empresarios Fernando Balajovsky, Edgar Bosso, Jorge Bornemann
y Néstor Ricciotti.
La decisión podría ser apelada ante la Suprema Corte de la Provincia, en las próximas horas, por el fiscal Gustavo
Zorzano, actuante en la investigación de origen.
La resolución de la Cámara se sustentó en el fallo que, en su oportunidad, había dado a conocer el Tribunal de
Casación, en el que se desestimaron las intervenciones telefónicas presentadas como pruebas.
Tras destacar que "las pruebas no hubieran podido ser obtenidas sin la violación primigenia de las garantías
constitucionales", la Cámara sostuvo que "se le ha dado un uso indebido a las escuchas telefónicas en la investigación
llevada a cabo en la causa de amenazas contra Nora Eugenia Martínez (ex secretaria de Desarrollo Humano y Social), al
obtenerse prueba en forma ilegítima, con otros fines; esto es, la pretensión de hacerla valer en otro proceso".
"La formación de la presente causa tuvo su origen viciado, ya que la ilegalidad declarada por el Tribunal de
Casación Penal respecto de las escuchas telefónicas que no tengan que ver con la causa de amenazas contra Nora Eugenia
Martínez contaminó de nulidad la creación de una nueva causa, como así también las pruebas originadas a partir de tal
ilegalidad, en relación a todos los delitos por los que vienen acusados los procesados", agregó el escrito.
Asimismo, la Cámara resaltó que "para este cuerpo, el fallo del Tribunal de Casación, no obstante no estar firme,
resulta vinculante, ya que anuló las intervenciones de líneas telefónicas pertenecientes a terceros no legitimados en
el proceso".
Calcinelli y las escuchas.
De tal manera, los jueces Cavallaro, Rodríguez y Mones Ruiz rechazaron el fallo de la jueza de garantías Susana
Calcinelli, quien había solicitado la elevación a juicio oral de la causa abierta por estafa y peculado a Lopes y
Grimberg, y por estafa a los demás involucrados, determinando, además, que no debían ser culpados los empresarios Bosso
y Bornemann.
Para la doctora Calcinelli, en un fallo dado a conocer el 19 de julio de 2007, las escuchas telefónicas practicadas
en la investigación resultaban válidas y, por lo tanto, podían ser utilizadas como medida de prueba, al igual que las
declaraciones tomadas y los elementos aportados por una serie de allanamientos.
Las apelaciones a los cargos avalados por el Juzgado de Garantías habían sido presentados ante la Cámara, en agosto
del año último, por Francisco Bentivegna, defensor de Grimberg y de Balajovsky; María Laura Bentivegna, de Néstor
Ricciotti; Juan José Lossinno, Flavio Gliemmo y Carlos Irisarri, de Lopes.
Además, también apeló el propio fiscal de la causa, quien reclamó que todos los imputados deberían ser sometidos a
juicio oral por la totalidad de los cargos que él estimó durante la investigación.
Al apelar, los asesores letrados de Rodolfo Lopes hicieron especial hincapié en que "todo lo actuado resultaba
nulo", por lo que consideraban insostenibles tanto las acusaciones como el juicio oral.
Según explicó Lossinno, por entonces, las razones esgrimidas en la apelación resultaban similares a las utilizadas
en el resto de las acciones realizadas con anterioridad, en otras instancias.
"Para nosotros, es indiscutible el fallo de Casación, que decidió que las escuchas no tienen validez. Por eso, la
única solución posible es que se acate dicho fallo y se archive la causa", agregó, en su oportunidad, el letrado.
El fallo.
En su resolución, la jueza Calcinelli había dispuesto rechazar el sobreseimiento de Lopes, Grimberg y el empresario
Balajovsky en cuanto a la acusación, realizada por Zorzano, del delito de estafa contra la empresa Solvay Indupa,
adoptando idéntica medida con Lopes, Grimberg y el imprentero Ricciotti, a quienes el fiscal acusó por estafa contra la
firma PBB-Polisur, al considerar que los hechos habían sido debidamente probados.
En cuanto a la presunta comisión del delito de peculado, por el pago (con sobreprecio y fondos del erario público
municipal) a la empresa Ediba SA, la doctora Calcinelli no hizo lugar al pedido de sobreseimiento de los imputados
Lopes, Culotta y Balajovsky.
Además, rechazó el sobreseimiento de Lopes por la sustracción de la esfera de custodia del automóvil oficial, por el
que fue acusado de peculado, al igual que por la cesión de teléfonos celulares de la comuna en favor de Grimberg y
Arminda Mirta Martínez, cuando estas ya no eran funcionarias de su gobierno.
En cuanto al resto de los sobreseimientos solicitados, Calcinelli se pronunció favorablemente en relación a cuatro
de los acusados:
* Uno referido a Lopes, respecto de la maniobra defraudatoria de la que habría sido víctima la empresa Profertil, en la
que fue acusado por Zorzano de incurrir en el delito de estafa, al formalizarse una donación a la Sociedad de Fomento
de Villa Mitre.
El dinero, según la investigación, fue recibido por el titular del ente fomentista, René Morbiducci, quien, luego,
se lo entregó al ex intendente.
La jueza sobreseyó a Lopes, en virtud de considerar que el hecho que se le atribuía no se encuadraba en una figura
legal.
* También dispuso el sobreseimiento de los ingenieros Bosso y Bornemann, de las empresas Solvay Indupa y PBB-Polisur, a
quienes la Fiscalía consideró cómplices del delito de estafa, en relación a las compañías que representaban.
La jueza estimó que ambos directivos no tuvieron conocimiento de la maniobra defraudatoria y que, en definitiva,
fueron afectados por la misma, al resultar víctimas del engaño.
* El cuarto sobreseimiento correspondió a Grimberg, en relación al uso de un teléfono celular de la comuna cuando no
era funcionaria municipal.
"La sobreseyó al considerar que, por entonces, era una particular y el delito de peculado corresponde a funcionarios
públicos. Calcinelli llegó a la conclusión de que no instigó a Lopes a que se lo diera, sino que, simplemente, hizo uso
de él", señalaron fuentes consultadas, en su momento, de la Fiscalía.
Las resoluciones adoptadas
En orden a la presunta comisión del delito de estafa en perjuicio de la empresa Solvay Indupa, se sobreseyó a
Rodolfo Lopes, Mónica Grimberg, Fernando Balajovsky y Edgar Bosso.
Igual resolución se adoptó en favor de Lopes, Grimberg, Néstor Ricciotti y Jorge Bornemann en relación a la comisión
del presunto delito de estafa en perjuicio de PBB-Polisur SA.
Por no haberse acreditado la existencia de delito, Lopes fue sobreseído de la comisión del delito de estafa en
perjuicio de la empresa Profertil SA.
En referencia a la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Municipalidad, por el pago con
sobreprecio y con fondos del erario público a la empresa Ediba SRL, se sobreseyó a Lopes, Domingo Culotta y Balajovsky.
Lopes también fue sobreseído por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la comuna, por la
sustracción de la esfera de custodia del automóvil Chevrolet Vectra de propiedad del municipio, e igual resolución se
adoptó con Lopes y Grimberg por la supuesta sustracción de dos teléfonos celulares, habilitados a nombre del municipio,
de la administración comunal.
Un poco de historia
Luego de más de dos décadas de gobierno radical, el justicialismo accedió a la jefatura comunal tras el triunfo de
Rodolfo Lopes en las elecciones de 2003.
A raíz del Bahiagate, el actual jefe comunal, Cristian Breitenstein, quien había sido electo edil en los mismos
comicios, asumió la intendencia, en abril de 2006, luego de un pedido de licencia solicitado por Lopes.
El 24 agosto de ese año, Lopes fue destituido por el Concejo Deliberante, por lo que Breitenstein continuó ocupando
el sillón de Bordeu hasta que, en las elecciones desarrolladas el 28 de octubre de 2007, resultó ratificado en el
cargo, por voluntad popular.
