BUENOS AIRES (DyN y NA) -- La mayoría de los senadores kirchneristas firmó ayer el dictamen de mayoría del proyecto
oficial para la reestatización de Aerolíneas Argentinas (AA) y de su subsidiaria, Austral.
Con ese paso formal casi concluido, todo parece adelantar que la iniciativa se convertirá en ley durante la sesión
del miércoles próximo.
"La propuesta del bloque de la mayoría es no modificar el texto", manifestó el titular de la comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte, Eric Calcagno (Frente para la Victoria-Buenos Aires).
"No creemos que haya surgido algún elemento decisivo para hacer correcciones --prosiguió--; por lo tanto, vamos a
sostener la media sanción de Diputados".
Así las cosas, el kirchnerismo da por descontado que tendrá dictamen favorable para la sesión que se iniciará a las
10.30 del miércoles.
La UCR, mientras tanto, prepara un rechazo explícito al acta-acuerdo que suscribió la secretaría de Transporte con
el grupo español Marsans.
Una tercera opción parte de Rubén Giustiniani (Partido Socialista-Santa Fe), quien reiterará el proyecto de su
partido en la Cámara de Diputados, con dos aspectos básicos:
* La expropiación de AA y Austral.
* La formación de una comisión para investigar la actuación del grupo Marsans.
Finalmente, Coalición Cívica y el justicialismo disidente elaboran borradores de una propuesta que estará lejos del
oficialismo y, seguramente, tendrá puentes de unión con la iniciativa del radicalismo, ante la eventualidad de un
traspié "K".
Pasado mañana, mientras tanto, serán habilitadas nuevas consultas para posibilitar la presencia de dos
representantes de Marsans, Vicente Muñoz y Eduardo Aranda, quienes viajarán desde España para asistir a una sesión
especial del plenario de comisiones.
La invitación debió ser cursada por la insistencia de la UCR en recurrir a la fuerza pública para que los
empresarios ibéricos expliquen qué pasó en la administración de AA durante los últimos años.
La propuesta, que promueve el bloque kirchnerista, contiene cambios significativos del proyecto original que envió
el Poder Ejecutivo al Congreso, en particular lo vinculado con el acta-acuerdo que suscribió la secretaría de
Transporte con Marsans para que el Estado reasuma la gestión de las dos compañías.