SAN MIGUEL DE TUCUMAN (NA y DyN) -- La Justicia tucumana condenó ayer a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad a Antonio Domingo Bussi, pero no lo envió a una cárcel común, lo que desató incidentes en las inmediaciones del tribunal, que también encontró culpable a Luciano Benjamín Menéndez.
     Antes de escuchar el veredicto del tribunal --cuyos fundamentos serán dados a conocer el próximo 4 de septiembre-- ambos reivindicaron el accionar del Proceso militar (1976-83), especialmente en Tucumán.
     Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal decidieron que ambos generales retirados continúen con la modalidad de prisión que mantenían hasta la fecha, lo que benefició a Bussi para completar su condena en su domicilio, mientras que Menéndez deberá regresar a una cárcel cordobesa donde ya cumple otra condena.
     Bussi y Menéndez fueron juzgados por el secuestro y posterior asesinado del ex senador del PJ tucumano Guillermo Vargas Aignase.
     La decisión de los magistrados provocó serios incidentes en los alrededores del Tribunal Oral, cuando manifestantes de derechos humanos y de partidos de izquierda intentaron quebrar el vallado que rodeaba al palacio y se iniciaron serios enfrentamientos con efectivos de la Gendarmería.
     Las fuerzas de seguridad repelieron el ataque de los manifestantes con gases lacrimógenos, lo que provocó una "batalla campal" en las calles de la capital tucumana.
     El punto de mayor tensión se dio cuando trasladaban a los represores a sus lugares de detención, en tanto que al menos dos gendarmes sufrieron heridas de elementos contundentes.
     En la lectura del fallo, el juez Gabriel Eduardo Casas indicó que el tribunal difirió la resolución sobre el lugar de detención, "por el momento sigue la modalidad vigente".
     Bussi y Menéndez fueron condenados a "prisión perpetua e inhabilitación absoluta por haber sido coautores mediatos penalmente responsables por los delitos de asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravado, homicidio agravado por alevosía por el concurso de dos o más partícipes con el fin de lograr impunidad".
     Además, los jueces hicieron lugar a un pedido para enjuiciar a
los testigos Roque Ramón Cabral y Raúl Molina por falsificación de documento público.
     También decidieron que José Víctor Jeréz y Carlos Antonio Décima fueran investigados por "falso testimonio" a raíz de las declaraciones que dieron en el juicio oral.