BOGOTA (Télam) -- El gobierno de Colombia envió en forma inesperada al congreso una serie de reformas judiciales y políticas que sorprendieron a los propios legisladores oficialistas y generó rápidas críticas de la oposición.
     Las modificaciones propuestas por el gobierno de Alvaro Uribe se producen en momentos de un fuerte recrudecimiento de la crisis institucional que enfrenta al Poder Ejecutivo con la Corte Suprema de Justicia, en torno a las pesquisas de la parapolítica y de acusaciones mutuas de complot.
     Los proyectos incluyen una serie de cambios en la elección de los jueces de los tribunales que integran la rama jurídica, además de restricciones a los políticos que resulten vinculados con grupos armados ilegales o con el crimen organizado.
     El matutino bogotano "El Tiempo" reveló ayer que los proyectos de ambas reformas se hicieron sin presentación oficial y con un hermetismo que sorprendió a los mismos legisladores.
     Algunos medios habían anunciado que el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, iba a hacer una exposición ante el pleno del congreso acerca del objetivo de las iniciativas, lo que se produjo en forma escrita.
     Para el caso de la reforma política, la novedad radica en que no será justificada la renuncia cuando se haya iniciado una investigación judicial.
     Advirtió, además, que el fuero de congresista será irrenunciable, cuando este sea sujeto de investigaciones penales en su contra.
     Este artículo apunta a evitar que los legisladores renuncien para que no los juzgue la Corte Suprema de Justicia y que su caso sea trasladado a la fiscalía, como ocurrió con algunos congresistas en la investigación de la "parapolítica" (vínculos entre políticos y paramilitares).
     "Ya no habría necesidad, porque ahora contarían con la doble instancia", explicó la viceministra de Interior, María Isabel Nieto.
     La llamada "silla vacía", como se conoce a la pérdida de la banca de un diputado involucrado en una investigación por nexos con grupos armados ilegales o narcotráfico, será más severa: será a partir de la captura y no habrá reemplazo de ese congresista, en ningún caso.
     De hecho, la propuesta contempla terminar con las suplencias y la rotación de congresistas. Sólo se podrá reemplazar una banca en caso de muerte del legislador.
     Otro punto que se incluyó en la reforma es la cooptación para la elección de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura; es decir, esas mismas cortes elegirán a sus magistrados. Se excluyó de este sistema a la Corte Constitucional.
     Un apartado del proyecto impide al gobierno la designación en cargos públicos para los familiares de los jueces de las altas cortes, el procurador, el fiscal y el consejo electoral, pero permite que esos mismos funcionarios sean designados en cargos diplomáticos en el exterior.
     La iniciativa también permite que los partidos postulen candidatos a cargos de libre nombramiento y remoción pero de manera pública. Prohíbe, no obstante, a quienes postulan y eligen a otros servidores el dar recomendaciones e influir sobre nombramientos y contratos en la entidad del nombrado.
     Al presentar las reformas, el ministro Valencia Cossio dijo que el gobierno asumía el reto histórico de reformar la justicia y la política para fortalecer la democracia, modernizarla y enfrentar, con toda decisión, las mafias y la delincuencia sin importar de donde provenga".
     El Partido Liberal Colombiano anunció que sus senadores no discutirán las reformas con Valencia Cossio porque no lo consideran un interlocutor válido por sus evidentes impedimentos éticos y políticos.