BUENOS AIRES (NA) -- Gran Bretaña reclamó ayer formalmente ante Naciones Unidas la soberanía de la isla de Ascensión, ubicada en el Atlántico Sur en una zona disputada por la Argentina, informó la prensa británica.
     La embajada del Reino Unido confirmó la información, aunque indicó que no contaba con lo detalles de la presentación, mientras que voceros de la Cancillería argentina le restaron trascendencia al paso dado por los británicos.
     Los diplomáticos británicos hicieron la presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU en Nueva York, a través de la cual reclamaron un área de suelo marino aproximadamente de la misma superficie que la propia Gran Bretaña.
     Esta presentación es sólo el primero de tres pedidos que realizará el Reino Unido, amparado en una ley internacional que permite expandir su territorio, informó el diario británico "The Guardian".
     Además de la isla de Ascensión --que forma parte del territorio de ultramar británico de Santa Helena, a 2.800 kilómetros de distancia de Angola en Africa-- Gran Bretaña apunta al área marina que rodea la zona Hatton-Rockall, al oeste de Escocia, y Georgia del Sur e Isla Malvinas, en el Atlántico Sur, donde esperan encontrar nuevas reservas de petróleo, gas y minerales.

Recursos marítimos
     Actualmente, cada país puede extraer recursos del fondo del mar hasta 200 millas de su frontera, pero a través de un permiso de la Comisión de la ONU Gran Bretaña puede extender su jurisdicción hasta 350 millas desde la costa sólo con demostrar que el suelo marino constituye la continuación de su plataforma continental.
     En paralelo, la Cancillería argentina tiene "muy avanzada su presentación" para la extensión de su plataforma continental, que será entregada "en tiempo y forma" ante la Comisión de Límites de la ONU e incluirá al Sector Antártico Argentino, así como a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur por ser parte integrante del territorio nacional.
     Para ello, la Comisión de la ONU estableció mayo de 2009 como plazo de vencimiento para que cada país presente sus mapas y pruebas científicas que avalen sus reclamos, y la decisión final podría demorar hasta tres años.