La firma bahiense Terminal de Graneles Líquidos Sociedad Anónima (Tegral), se hizo cargo, ayer, de la Posta de Inflamables de puerto Galván, sector donde, desde 1996, desarrolló sus actividades Bahía Petróleo.
     El contrato, según se confirmó en el Consorcio de Gestión del Puerto (ente que concesiona los servicios), se acordó por el término de tres meses, con la cláusula de prorrogarlo hasta que, en el ámbito judicial, se resuelva un recurso de queja planteado por Bahía Petróleo, situación que traba la nueva licitación de los trabajos.
     Tras la transferencia, frustrada dos veces durante la semana última, se supo que la mitad del personal (ocho obreros) se incorporó a Tegral y que la restante continuará ligada a Bahía Petroleo, compañía que presta otros servicios; por caso, el control de derrames, la atención de una unidad de Solvay-Indupa y de una cañería de nitrógeno.
     Esa medida determinó que el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Bahía Blanca levantara el estado de alerta y movilización que, en defensa de la estabilidad laboral de trabajadores especialmente capacitados, había dispuesto el lunes 11 de este mes.
     En el Consorcio, también se dijo que la salida de Bahía Petróleo es conflictiva y que dicha empresa pretende seguir en la Posta, a la que llegó en 1996, cuando, por el término de 10 años, ganó la licitación pública, extendida en sucesivas ocasiones.
     Tegral cuenta con un permiso precario hasta que se defina el proceso licitatorio que se trabó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo. Allí, según el Consorcio, se dispuso la viabilidad técnica para las ofertas que se presentaron; en particular la de una empresa impugnada por Bahía Petróleo.
     "El juez consideró que todo estaba bien, por eso se abrieron los sobres con las ofertas y Bahía Petróleo presentó un recurso de queja que ahora se sustancia ante la Cámara del fuero señalado, pero del departamento judicial Mar del Plata", ha dicho el presidente del ente, Jorge Otharán.

No a una recusación
     Mientras la apelación a la sentencia de Alcindo Alvarez Canale, juez que, el jueves 26 de junio, desestimó el recurso de amparo contra el operativo de regasificación en White, continúa en la Cámara Federal, se confirmó, ayer, que el alto tribunal rechazó las recusaciones de los doctores Augusto Fernández, Angel Alberto Argañaraz y Néstor Luis Montezanti.
     Al impugnar el fallo de Alvarez Canale, los amparistas cuestionaron a los miembros de la sala II, por considerar que habían anticipado sus criterios al desestimar, en dos ocasiones, la medida cautelar que trató de evitar, en junio, el amarre del "Excelsior".
     El amparo está presentado contra la secretaría de Energía de la Nación, Prefectura Naval, la Dirección Nacional de Vías Navegables, Enarsa, YPF, Compañía Mega, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Enargas, TGS y el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible.
     Este recurso pide la prohibición, en el ámbito de la jurisdicción del tribunal, de toda labor relacionada con el proceso de licuefacción, transporte, almacenamiento, regasificación, trasvasamiento y distribución de GNL, hasta tanto se regulen dichas actividades y mientras no se dicte la normativa interna específica, acorde con los estándares internacionales de calidad y seguridad.
     La acción es promovida por el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, Hugo Cañón, junto con el defensor público oficial federal, Gabriel Jarque, y el fiscal federal de primera instancia, Antonio Castaño. También la suscribieron, entre otros, las asociaciones Ambientalista del Sur y Vecinal de la Costa, la Agrupación Municipal Integración Ciudadana, la Sociedad de Fomento de Ingeniero White y 700 vecinos de esa localidad y de Bahía Blanca.