BUENOS AIRES (DyN) -- Diputados de la UCR, la Coalición Cívica y el Pro anunciaron ayer que van a "reeditar" un proyecto de ley ya presentado para reglamentar el control parlamentario sobre la Procuración General de la Nación y resguardar atribuciones de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA) que, consideran, fueron avasalladas por el Ministerio Público.
     El presidente del bloque del Pro, Federico Pinedo, marcó la necesidad de "refundar las instituciones en la Argentina", mientras que el jefe del bloque radical, Oscar Aguad, afirmó que "en la Argentina hay impunidad y los destinatarios son los funcionarios que ejercen cargos públicos".
     Ahora, el legislador aseguró que la situación se agravó a raíz de la resolución que dictó el Procurador General Fiscal, Esteban Righi, que limita las atribuciones del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido.
     En ese marco, los principales referentes opositores en la Cámara baja reflotarán un proyecto de Esteban Bullrich (Pro) destinado a, de acuerdo a la reforma constitucional de 1994, reglamentar la creación de una comisión bicameral de Control del Ministerio Fiscal.
     El jefe del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, afirmó que en América Latina sólo "Bolivia y Venezuela son los dos países con mayor corrupción que la Argentina" y dijo que ello "no es casual, tiene que ver con muchas de las medidas tomadas por los últimos gobiernos".

"El zorro De Vido". En una conferencia de prensa ofrecida en el Salón de los Pasos Perdidos con una importante asistencia de diputados de los tres bloques, Esteban Bullrich (Pro) fue el más gráfico al usar la figura del gallinero atacado "y el zorro se llama Julio De Vido", afirmó.
     Según el diputado por Capital, el ministro de Planificación e Infraestructura es responsable de "esquemas de corrupción claros denunciados en la Justicia".
     "Cada vez que se roba un peso nos roban calidad de vida a los argentinos", proclamó Bullrich con el asentimiento de sus pares presentes.
     A principios del mes de julio, Pinedo, Aguad y Pérez solicitaron a Righi una audiencia para recibir informes sobre cuál es la política "de persecución penal que rige en los temas relacionados con los delitos que atentan contra la circulación de los medios de transporte" dado la disparidad de criterios con que actúan los fiscales federales en todo el país.
     El Procurador General no contestó y, dijo Aguad, la respuesta fue "limitar facultades de persecución penal" de parte de la Fiscalía que actualmente conduce Garrido.