La responsabilidad social de las empresas está a la orden del día y es tema de encuentros y conferencias. Esa emergente conciencia empresarial es una señal de los nuevos tiempos.
     Se sabe que el crecimiento económico no se da sin la participación de la iniciativa privada. Pero también es cierto que el desarrollo, para ser duradero, presupone la sostenibilidad social y ambiental.
     De esta forma, se considera la responsabilidad social en una perspectiva republicana de derechos y deberes.
     Y el primer compromiso de las empresas que quieren ayudar a promover el bien común debe ser el cumplimiento de las exigencias legales especialmente en las áreas tributaria, laboral, previsional y ambiental.
     Si la ley no atiende a las exigencias mayores del interés público y de la expansión razonable de los negocios e iniciativas, se deben adecuarlas a las condiciones de la realidad. Pero, mientras esté en vigor, se impone a todos el deber de su cumplimiento.
     El primado de la ley es el principio básico del Estado Democrático de Derecho.
     Así, una empresa que no cumple sus obligaciones legales no progresa con construir una guardería o hacer donaciones. Así se estará defraudando el pacto social que se materializa en el ordenamiento jurídico y recogiendo equivocadas puertas de salida para su deuda frente a la sociedad.
     Impone, por lo tanto, también a las empresas y organizaciones no-gubernamentales (ONGs) como al poder público, el deber de transparencia y de la prestación de cuentas. En un último análisis, los recursos vienen siempre de las personas y de la colectividad que garantizan los logros de las empresas, de la misma forma que aseguran los recursos públicos.
     En segundo lugar, la responsabilidad social de las empresas está vinculada al principio de la función social de la propiedad y del lucro.
     Dentro de la lógica capitalista, los empresarios venden productos o prestan servicios a la sociedad y reciben ganancias.
     El derecho de la propiedad y el lucro son necesarios para que las empresas puedan expandirse, abrir nuevos frentes y posibilidades de trabajo, empleo y renta, remunerar los inversores y accionistas, consolidar arreglos y cadenas productivas, incorporar nuevas tecnologías, aumentar y mejorar la producción.
     Se colocan, sin embargo, límites a la propiedad y al lucro; límites que son dados por las exigencias superiores, éticas y legales, del derecho a la vida, de la dignidad humana y del interés nacional.
     Aquí no se habla de la vida como una abstracción teórica. Se trata de la vida en la dimensión real y que presupone los derechos básicos: alimentación, familia, asistencia social, educación, trabajo, salud, vivienda.
     La propiedad que no cumple su finalidad social y el lucro exorbitante no son derechos absolutos. Pesa sobre ellos, en las palabras de Juan Pablo II: "Una hipoteca social".
     La responsabilidad social se presenta en la dirección opuesta a la filantropía, rumbo a una acción permanente, calificando a las empresas que así se estructuran para que establezcan, en conjunto con otros segmentos de la sociedad civil, relaciones vigorosas con el poder público en la promoción del bien común.
     La postura socialmente responsable debe conducir a las deseadas asociaciones estructurantes y contractuales, pactadas para garantizar la continuidad.
     Los derechos de las personas no pueden quedarse a merced de movilizaciones puntuales, por más loables que sean esas iniciativas.
     Debe ser un proceso que sirva como un catalizador y ayude a superar la condición de filantropía rumbo a la de una verdadera responsabilidad social de las empresas, instituyéndola como práctica rutinaria, evidenciando su carácter de compromiso permanente con la sociedad.
     Un proyecto nacional es una tarea colectiva y compartida por todos, orientados por la idea de patria, de pertenencia, lo que significa la universalización de derechos básicos y elementales de la humanidad.
     Es dentro de esa dimensión que se desarrolla de manera llena el concepto de responsabilidad. La construcción de un país civilizado, democrático y socialmente justo envuelve todos los sujetos de esa historia: instituciones gubernamentales y no gubernamentales, empresarios, iglesias, universidades, movimientos populares, pero especialmente aquellos que más reciben y detienen ingresos y bienes materiales.
     Ellos deben dar su contrapartida a las ganancias que la propia sociedad les asegura.