"Como estas alícuotas no hay en el mundo". Al evaluar los niveles de retenciones, el director de la fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), Ernesto Liboreiro, se limitó a dar un dato de la realidad.
     Aunque el especialista evitó cuestionar lo que definió como una herramienta de política económica, dio sustancia a un argumento que el sector agropecuario esgrimió al plantarse: la escala kirchnerista de derechos a la exportación de granos no tiene parangón internacional.
     La cuestión parece perimida ahora que el Senado derribó el esquema y la polémica resolución 125 fue derogada, pero el debate quedó abierto y la Casa Rosada ya adelantó que volverá a la carga para implantar un "modelo de redistribución del ingreso".
     Quizá la parafernalia montada alrededor de la discusión --campamentos, actos, cortes de ruta y exagerados discursos incluidos-- opacó el tema de fondo y los argumentos que la Nación intentó poner en el tapete con las retenciones.
     Hay quienes pueden distinguir entre el planteo incontrastable de "dar más a los que menos tienen", de la lógica de gestión "K", acumulación de poder, alianzas y confrontación crónica; hay quienes no pueden hacerlo y, a juzgar por los niveles de caída de la imagen presidencial, estos últimos son muchos.
     También es cierto que el gobierno debe cumplir con compromisos de su deuda y no son pocos los que ven un problema de caja detrás del alza de las retenciones: según especialistas, la Argentina debe afrontar compromisos externos por U$S 20.000 millones entre 2008 y 2009.
     Más allá de que el gobierno perdió la batalla discursiva por las retenciones, el dato es otro. Si bien la aplicación de derechos de exportación se extendió en unos treinta países entre 2006 y 2008, la tajada que pretendió extraer Cristina Fernández es inusual.
     En febrero pasado, Rusia dispuso una alícuota del 30% para las exportaciones de cebada y del 40% para el trigo, pero ya las dejó sin efecto.
     Hace dos años, el Brasil fijó retenciones elevadas para el tabaco hacia determinados mercados y China hizo lo propio con una tasa del 20% a las exportaciones de trigo, del 25% a los derivados del cereal, del 5% a las ventas externas de maíz, arroz y soja y del 10% a los subproductos de estos cultivos.
     La resolución ministerial 125, sin embargo, establecía que las alícuotas a la soja partían del 42% y podían superar el 70%, con casos en los que el Estado podía llegar a quedarse hasta con el 90% de determinado excedente, según el precio que se alcanzara en el mercado.
     En el fragor de los 130 días de conflicto, los dirigentes agropecuarios solicitaron que las retenciones también alcancen a sectores como la minería, cuyos derechos de exportación oscilan entre 5% y 10%.
     Actualmente, el único segmento que excede al campo en el recorte estatal es el de hidrocarburos, que también es gravado con márgenes atados a la oscilación de la cotización internacional.
     En noviembre último, se estableció que las petroleras recibirán un ingreso tope de U$S 42 por barril exportado. A partir de esa cifra, cualquier aumento que experimenten los productos queda para el Estado. De hecho, el viernes cerró a cerca de U$S 129 y, en ese nivel, las retenciones alcanzan el 67,5%.
     En este marco, entra a jugar también el planteo agropecuario de que por encima del 33% los gravámenes son inconstitucionales y confiscatorios.
     Más allá de la talla de las alícuotas, Liboreiro informó que la mayoría de los países que aplican retenciones son muy subdesarrollados, especialmente de Africa, mientras que la Argentina tiene un nivel de desarrollo intermedio.
     "Congo, Liberia, Senegal y Tanzania aplican selectivamente las retenciones al arroz, al maíz, al trigo y a los aceites vegetales", enumeró el experto del INAI.
     En América del Sur, además del gobierno de Cristina, sólo Bolivia y el Ecuador cobran retenciones.