MONTE HERMOSO -- Directivos de la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM) de este distrito adelantaron que en poco tiempo más radicarán una denuncia ante la Justicia Penal para solicitar que se investigue una serie de presuntas irregularidades que habrían ocurrido durante la anterior gestión, debido a las cuales resultaron perjudicados alrededor de 150 trabajadores comunales.
     Laura Ustarroz, secretaria de la entidad, señaló que se solicitará a la Justicia que investigue quiénes habrían falsificado las firmas de trabajadores comunales en centenares de pagarés, por una suma total estimada del orden de los 800 mil pesos.
     "El problema es cada vez más grande y los trabajadores están muy nerviosos, pero queremos esperar a que haya más elementos de prueba para avanzar judicialmente", reconoció la directiva.
     Si bien los pagarés con firmas presumiblemente adulteradas comenzaron a vencerse en 2005 --cuando Edith Meder era secretaria general del gremio--, el problema está recrudeciendo en estas semanas debido a que cada vez son más los operarios comunales que sufren embargos judiciales.
     "Los trabajadores están muy preocupados por lo que está ocurriendo. Actualmente 147 figuramos como deudores de créditos que nunca tomamos, y a 25 nos han llegado embargos. En mi caso particular, tengo embargado mi automóvil", señaló Mirta Rojas, secretaria de Finanzas de la ATM.
     Las intimaciones de pago comenzaron a llegar a los trabajadores en 2006, mientras que los embargos se recibieron a partir de 2007.
     "Algunos, para evitar problemas de antemano, pagamos de nuestro bolsillo los 250 pesos que cuesta contratar un perito caligráfico, más otros gastos. De esa forma, ya cuento con una sentencia judicial que dice que me falsificaron a firma en el pagaré que me exigían cancelar", comentó Regina Jara, una de las afiliadas de la ATM.
     Otros, en tanto, siguen esperando. Sin embargo, a medida que se confirmen otras falsificaciones, la asociación tendrá más elementos para recurrir a la Justicia.

Explicaciones
     El conflicto estalló en el año 2005, cuando Edith Meder se desempeñaba como secretaria general del Sindicato de Trabajadores Comunales. En ese momento surgieron severos cuestionamientos hacia la directiva por un presunto saldo impago de 38 mil pesos, correspondiente al Coseguro de Salud.
     El coseguro era una cobertura médica adicional a la que los trabajadores recibían por parte de IOMA, y por la cual se les descontaba una suma fija de sus sueldos todos los meses. Meder tenía la obligación de recaudar esas sumas y abonar el coseguro.
     El conflicto por los saldos impagos del coseguro derivó en que el 7 de junio de 2005 se le solicitara a Meder que pidiera licencia por 60 días, en el sindicato, para efectuar una auditoría. La dirigente se negó y contraatacó solicitando la intervención del gremio.
     En julio de 2005 asumió como interventor del gremio montehermoseño Carlos Otero, del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres Arroyos.
     "En el gremio había tensión, pero también cierta calma porque se creía que todo lo que ocurría se iba a solucionar --refirió Rojas--. Pero todo cambió unos días después, cuando llegó a Monte Hermoso un financista de Tres Arroyos que demandó en el sindicato el pago de una presunta deuda contraída por ocho afiliados al gremio".
     "Esos afiliados le dijeron que no tenían ni idea de esa deuda porque nunca habían pedido dinero prestado, pero el financista mostró pagarés aparentemente firmados por ellos. Sin embargo, ninguno de los trabajadores reconoció como propias esas firmas", añadió.
     Detrás del financista tresarroyense llegó, con el correr de las semanas, otro empresario proveniente de Bahía Blanca, pero en este caso con pagarés aparentemente firmados por nada menos que 147 empleados. A los reclamos de ambos se sumaron luego los de representantes de otras firmas crediticias.
     "Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que alguien, presumiblemente del sindicato, habría gestionado créditos a nombre de decenas de empleados, y para ello habría 'truchado' las firmas de todos en infinidad de pagarés", sostuvo Rojas.
     Rojas y Ustarroz mencionaron que quien efectuó la maniobra que se investigará seguramente tenía acceso a un gran cúmulo de datos personales de los empleados involucrados.
     "Hoy está claro que quien falsificó las firmas buscaba 'trabajar' (financieramente) el dinero que obtenía y luego cancelar los pagarés antes de que los propios involucrados lo supieran", comentó Rojas.
     "Hay varias pruebas de esto. Una de ellas es que la firma falsificada de un empleado aparece en dos pagarés por el mismo monto, pero correspondientes a dos financieras. Uno de esos pagarés venció casi el mismo día en que se emitió el otro, lo que muestra que el segundo se utilizó para cancelar el primero", añadió.
     También está claro, a esta altura, que el sindicato operaba como garantía de los créditos tomados (esta es una de las razones por las cuales fue disuelto y reemplazado por una asociación de trabajadores), y que jamás existió una asamblea en la que los afiliados aprobaron que el gremio gestionara préstamos a nombre de ellos.
     "Lo que aún nos llama la atención es la forma en que las financieras otorgaron los créditos. A mí me exigían pagar cuotas de 290 pesos, y yo cobraba 332 pesos de sueldo por mes. ¿Cómo es posible que una firma dé créditos tan altos a empleados que cobraban tan poco? La única explicación es que esas empresas hayan recibido información adulterada sobre lo que yo y otros cobrábamos", confió Ustarroz.
     Otro aspecto que llama la atención es que, tras la intervención del gremio, Meder estuvo más de dos años sin ir a trabajar a la Municipalidad.
     "Cuando comenzó a 'destaparse la olla', Meder pidió licencia médica y no volvió a aparecer en la comuna hasta el 29 de octubre de 2007. Actualmente se desempeña en tareas pasivas, dentro del área de Seguridad", indicó Rojas.

A la espera
     Mirta Rojas, secretaria de Finanzas de la ATM, sostuvo que se han mantenido contactos con las autoridades municipales para saber qué postura van a asumir en relación con los empleados que podrían ser sospechosos de las maniobras que investigará la Justicia. "Lo que nos han dicho es que por el momento no van a despedir a nadie, dado que no existe una sentencia legal que justifique tal medida. Tampoco se efectuará un sumario porque el problema no atañe directamente al municipio", señaló.