Un hombre domiciliado en la ciudad de Pigüé, aprehendido aproximadamente a las 6 de ayer en nuestra ciudad, por causar daños en un patrullero, puso oficialmente en funciones al nuevo sistema de flagrancia en el Departamento Judicial Bahía Blanca.
     Maximiliano Paul Mazars, de 31 años, fue puesto a disposición del doctor Guillermo Federico Petersen, uno de los tres fiscales integrantes de la flamante Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15, que en un plazo inferior a los 100 días tendría que resolver la situación procesal del acusado, a quien también se le endilga el delito de resistencia a la autoridad.
     Mazars, según se informó desde la comisaría Primera, fue atrapado frente a la confitería Don Perignón, en Chiclana 180, desde donde, al parecer, fue retirado por personal de seguridad privada, visiblemente golpeado.
     Una vez en la vía pública, personal policial se presentó en el lugar y, tras conocer la situación del individuo, se le habría ofrecido la posibilidad de recibir asistencia médica y, eventualmente, formular la denuncia del caso, ya que argumentaba haber sido atacado por los patovicas del local nocturno, sin ningún justificativo.
     Sin embargo --siempre de acuerdo con la versión policial--, el individuo habría reaccionado de manera imprevista, aplicándole un golpe a uno de los cristales del móvil oficial, causándole destrozos.
     Al hallarse incurso in fraganti delito, Mazars fue arrestado y conducido de inmediato a la dependencia de Berutti 650, desde donde se lo trasladó al Cuerpo Médico policial, para ser atendido de las lesiones que presentaba.
     A su vez, los uniformados aguardaban instrucciones desde la fiscalía, con el objeto de avanzar con el nuevo mecanismo, que ya se había puesto en marcha en otras jurisdicciones provinciales.

Cómo funciona
     La ley provincial de Flagrancia, con la cual se procura agilizar el proceso judicial y descomprimir la tarea del Tribunal de Casación Penal, prevé que la UFIJ Nº 15 --además de Petersen, la componen sus pares Eduardo Alfredo d'Empaire y Paula Marina Pojomovsky-- intervenga de manera exclusiva en el caso de aquellos aprehendidos que fueran sorprendidos cometiendo delitos con penas que no superen los 15 años de prisión.
     El mecanismo consiste en un proceso muy breve de acusación y sentencia que prevé un plazo máximo de 100 días y establece que al detenido en flagrancia, en el momento de la persecución y captura, se lo lleva ante el fiscal, quien le hace conocer la acusación.
     En un plazo máximo de cinco días desde la detención de la persona, se realizará la primera audiencia en la que el juez de Garantías actuante puede resolver la excarcelación, sobreseimiento, decidir la prisión preventiva o las partes acordar suspensión del debate a prueba y juicio abreviado.
     De no haber acuerdo entre las partes, o de no haber dictado sobreseimiento, el magistrado resolverá si mantiene detenida a la persona y convoca a una segunda audiencia de finalización del proceso en flagrancia, dentro de los 20 días siguientes.
     En esta segunda audiencia las partes tienen nuevamente la posibilidad de llegar a un acuerdo. De no ocurrir esto la causa se eleva a juicio, que deberá realizarse dentro de los 60 días.
     La fiscalía de flagrancia no intervendrá en las causas iniciadas por infracción al artículo 289, inciso tercero, del Código Penal (falsificación, alteración o supresión de la numeración registrada de un objeto), así como aquellas instruidas por infracción a la ley de estupefacientes 23.737.
     Por otra parte, en relación con las causas iniciadas por la aprehensión de quienes detentan en su poder objetos provenientes de un delito, sólo corresponderá la injerencia de dicha unidad cuando la previa sustracción de los elementos hubiera tenido lugar dentro de las 24 horas anteriores.
     Hasta el momento, estadísticamente, en este departamento judicial, aproximadamente el 40 por ciento de las causas que se elevan a juicio (unas 70 por mes) corresponde a delitos en flagrancia.
     De esta manera, el fiscal general Juan Pablo Fernández, espera que la reestructuración "optimice los recursos humanos y materiales con que cuenta la Fiscalía General Departamental, tendiente a dotar de una mayor eficacia y eficiencia la labor de los miembros, funcionarios y empleados del ministerio público fiscal".

El resto del esquema
     Las restantes fiscalías, que entenderán en los distintos delitos, trabajarán con turnos semanales, como hasta el momento, aunque dejarán de estar integradas por dos fiscales y pasarán a ser unipersonales, compartiendo de a dos las plantas funcionales.
     De esa manera, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 --en turno esta semana-- quedará a cargo del doctor Eduardo Quirós; la 2 estará vacante por el momento (al pasar Petersen y Pojomovsky, anteriores titulares, a la nueva fiscalía); la 3, Oscar Bautista Duizeide; la 4, Eugenio Casas; la 7, Olga Cristina Herro; la 8, Eduardo Horacio Zaratiegui; la 11, Emilio José Marra, y la 12, Leila Violeta Scavarda.
     Las unidades Nº 5 y 10, de Delitos Complejos, seguirán a cargo de los fiscales Christian Fernando Long y Gustavo Diego Zorzano y afectados a la misma temática.
     La 6 y la 13, en tanto, funcionarán en Tres Arroyos, con los fiscales Carlos Facundo Lemble y Verónica Inés Vidal, en el primer caso y José Antonio Bianconi y Gabriel Iván Lopazzo, en el restante, como encargados.
     Por otra parte, la UFIJ Nº 9, cuyo titular es el fiscal Sebastián Luis Foglia, continuará a cargo de los delitos registrados en la zona de influencia, a excepción de los que se cometan en flagrancia, que también serán girados a la 15.
     Finalmente, la UFIJ Nº 14 quedará al mando de la fiscal Claudia Inés Lorenzo, quien, en principio, absorberá las causas abiertas que venían tramitando sus pares Petersen, Pojomovsky y D'Empaire.
     Una vez terminadas esas causas, tendrá la responsabilidad de investigar delitos contra la integridad sexual.

El ejemplo de Mar del Plata
     El fiscal general Juan Pablo Fernández aseguró que en el Departamento Judicial Mar del Plata, el sistema funciona desde hace unos tres años de manera "excelentemente bien".
     Si bien el vocero no contaba con las estadísticas en la mano al momento de la entrevista, calculó que "el 80 por ciento de los casos (en Mar del Plata) se resuelve en 40 días. Incluso hubo uno, que fue comentado por el fiscal general de esa ciudad, que se resolvió con una condena en tres días".
     Aclaró Fernández que quienes cometan delitos menores y no tengan antecedentes, pueden llegar a recibir una suspensión de juicio a prueba (sería una resolución de la causa, aunque sin una condena efectiva, sino con el pacto de reglas de conducta).
     "Si el imputado tiene antecedentes, el juicio puede ser de manera abreviada (con el acuerdo de las partes) y obtener rápidamente una sentencia", sostuvo.
     Fernández, por último, estimó que en un mes se podrían conocer evaluaciones de la marcha de la normativa en este medio y que esa situación dependerá de "la productividad policial".