Es necesario formar una Comisión Internacional de la Verdad, integrada por personalidades iberoamericanas, para denunciar y juzgar a aquellos que hayan prestado o presten ayuda a la organización narcoterrorista colombiana.

Alejandro Peña Esclusa
Especial para "La Nueva Provincia"

     El 1 de marzo de 2008, las Fuerzas Militares de Colombia realizaron la histórica Operación Fénix, en la que se dio de baja al segundo hombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alias Raúl Reyes.
     Durante la operación, se decomisaron tres computadoras, dos discos duros externos y tres llaves USB (ocho elementos en total), pertenecientes a las FARC, que contenían 609,6 gigabytes de datos: 37.872 documentos escritos, 452 hojas de cálculo, 210.888 imágenes, 22.481 páginas web, 7.989 direcciones de correo electrónico y 10.537 archivos de sonido y video.
     Tres días más tarde, las autoridades colombianas solicitaron asesoría técnica a la Interpol, para determinar si alguno de los archivos contenidos en los ocho elementos había sido creado, modificado o eliminado a posteriori.
     El 15 de mayo, el secretario general de la Interpol, Ronald K. Noble, sostuvo en Bogotá que las computadoras pertenecían a las FARC y que la información contenida en ellas no había sido alterada.
     Del informe se desprende que los datos contenidos en los ocho elementos decomisados son válidos jurídicamente, y que por tanto podrían usarse para enjuiciar a los cómplices nacionales e internacionales de las FARC, que aparecen allí registrados. Sin embargo --aparte de publicar algunos correos de Raúl Reyes en los medios de comunicación-- poco o nada se ha hecho para enjuiciar y encarcelar a los aliados de una de las organizaciones narcoterroristas más dañinas y peligrosas del mundo.
     ¿Cómo explicar semejante incongruencia? Así: quienes aparecen vinculados a las FARC son presidentes en ejercicio, ministros, senadores, diputados, gobernadores y dirigentes políticos de toda Iberoamérica.
     Los cómplices de las FARC se escudan en su condición política para evadir su responsabilidad personal. Caso emblemático es el de Hugo Chávez, que utiliza la presidencia de Venezuela para enviar tropas a la frontera, romper relaciones con Colombia, hacer que otras naciones hagan lo mismo, y crearle una crisis económica al vecino país, saboteando el dinámico comercio bilateral.
     Solo una Comisión de la Verdad, conformada por personalidades iberoamericanas de reconocida trayectoria, tendrá el poder político y la fuerza moral para investigar, denunciar y promover el enjuiciamiento de los aliados de las FARC.

Conformación. La Comisión Internacional de la Verdad puede estar constituida por tres niveles:
* Un grupo de notables iberoamericanos, que podría incorporar a personalidades europeas y estadounidenses. Sus integrantes serían ex presidentes, magistrados, juristas, periodistas, escritores, dirigentes políticos, criminalistas, intelectuales, artistas y profesores universitarios. Entre ellos escogerían una Directiva.
* Un reducido equipo multinacional de profesionales --a dedicación exclusiva-- que ofrezca apoyo técnico, comunicacional y secretarial.
* Un amplio movimiento iberoamericano, asociado políticamente a la Comisión --conformado entre otros por partidos políticos, gremios y asociaciones civiles-- cuya función sea la de crear conciencia en la ciudadanía y, posteriormente, organizar acciones para forzar a los aliados de las FARC a acatar las acciones judiciales en su contra.

     El plan de trabajo contemplaría:
* Obtener de las autoridades colombianas una copia fiel y exacta de la información contenida en los ocho elementos decomisados durante la Operación Fénix.
* Seleccionar los casos más relevantes, apuntando primero hacia los aliados más importantes de las FARC.
* Redactar e introducir las acusaciones correspondientes ante los tribunales nacionales e internacionales, incluyendo la Corte Internacional de La Haya.
* La Directiva deberá viajar --país por país-- a presentar las conclusiones de su investigación a los poderes públicos, a las instituciones más representativas y a los medios de comunicación, señalando por nombre y apellido a los ciudadanos que aparecen vinculados a las FARC, sin importar cuán alto sea su cargo.
* En caso de que los individuos señalados decidan abusar de su poder político para evadir la justicia, se debe organizar en cada nación acciones generalizadas de protesta --pacíficas y democráticas-- a fin de obligar a los imputados a someterse a la Ley.

Consecuencias previsibles. Es de esperarse que quienes aparecen registrados en el computador de Raúl Reyes hagan todo lo posible para impedir los avances de la Comisión Internacional de la Verdad.
     Pero si la Comisión logra sus primeros objetivos, de acusar a los implicados, entonces éstos pasarán a otra etapa, que consiste en desatar la violencia y la represión para conservar sus cargos.
     De hombres como Chávez, el ecuatoriano Rafael Correa y el nicaragüense Daniel Ortega --por mencionar sólo a tres de los implicados por el computador de Reyes-- puede esperarse cualquier cosa, desde dar un autogolpe hasta provocar una guerra fronteriza.
     Cabe preguntarse: ¿Acaso no es temerario enfrentar a una mafia tan poderosa? Mientras más tarde se le enfrente, más daño ocasionará.
     Dado que no tratamos con criminales comunes, sino con dirigentes políticos e incluso jefes de Estado, es previsible que su enjuiciamiento y posterior castigo origine abruptas caídas de gobiernos y severos cambios políticos; para lo cual hay que prepararse, diseñando mecanismos para llenar el vacío político, dentro del marco establecido por las leyes de cada nación.

* El ingeniero Alejandro Peña Esclusa es un escritor y dirigente político venezolano. Preside la asociación civil Fuerza Solidaria (www.fuerzasolidaria.org).