Economía y finanzas.

EN LÍNEA CON LA MEDIA PAÍS

Servicio doméstico: solo entre el 30 % y el 40 % blanquea a su empleada en Bahía

09/09/2017 | 09:00 | Cifras del sindicato de auxiliares de casas de familia.

Francisco Rinaldi

frinaldi@lanueva.com

Según datos oficiales, alrededor de 7.200 bahienses desarrollan tareas domésticas en casas de familia, de las cuales, tan sólo entre el 30 y el 40 por ciento está “en blanco”, pese a que la normativa facilita enormemente la registración, al tiempo que no resulta tan cara para los bolsillos de las familias que demandan esos servicios.

Las bajísimas cifras de formalización -cedidas por la Unión Personal de Auxiliares de Casas Particulares (UPAC)- están en línea con la media nacional y su nivel llama la atención, cumplidos ya más de cuatro años desde la entrada en vigencia de la ley 26.844 que regula el servicio doméstico en nuestro país.

La costumbre y algunos mitos -como que a la trabajadora, una vez registrada, se le sacará la Asignación Universal por Hijo (AUH)-, así como los inconvenientes asociados a la inspección, son sólo algunas de las aristas de la problemática.

““La trabajadora no pierde el derecho a percibir la AUH”, explicó el doctor Carlos Brassesco, asesor letrado de la UPAC.

En la actualidad, dicha remuneración mínima es de 8.860 pesos, de acuerdo con lo decidido por el gobierno nacional, luego de que los representantes de los empresarios y los trabajadores no arribaran a un arreglo. Desde el primero de enero de 2018, pasará a $ 9.500 y a $ 10.000 en julio del mismo año.

Brassesco agregó que en todo el país existe alrededor de 1,2 millones de empleadas domésticas, entre las cuales, apenas alrededor de 450 mil está registrada.

“Los niveles de registración son todavía muy bajos. Nos cuesta encontrar una razón, porque la tranquilidad para el empleador y el hecho de que sea un trámite sencillo y muy al alcance de su bolsillo, son motivos más que fundados para que el hogar dador de trabajo regularice a su empleada”, admitió el asesor de la UPAC.

El especialista en Derecho del Trabajo, Luis Sirena, coincide. Y agrega a los beneficios antes mencionados la posibilidad de descontar el salario y los aportes destinados al servicio doméstico del impuesto a las Ganancias, por un tope de 51.967 pesos anuales.

“Uno de los grandes problemas radica en la fiscalización. Es muy complejo verificar que el empleador cumple con sus aportes cuando las personas desempeñan tareas en casas o en barrios cerrados, donde el acceso es muy difícil. Yo creo que es un aspecto a mejorar, si se quieren subir los niveles de registro. Por otro lado, podría incentivarse el acceso a viviendas sociales previo blanqueo de la relación laboral, de forma que sea el mismo dependiente el que exija ser registrado”, propuso Sirena.

Otra cuestión a tener en cuenta es que no existe un mínimo de horas a partir del cual debe formalizarse a la doméstica.

“El registro tiene que hacerse así sea una sola hora semanal. Tener una empleada no registrada en una gran intranquildad para el dador de trabajo, porque por hasta 230 pesos (jornada completa o 16 horas semanales, con un mínimo de $ 130 para quienes trabajan menos de 12 horas a la semana) se puede acceder a un seguro que cubre el riesgo de accidente en el marco del desarrollo de sus tareas habituales, como por ejemplo, cuando va a hacer las compras al súper o en el trayecto in itinire (es decir, cuando se moviliza desde su casa al trabajo y del trabajo a la casa)”, recordó Brassesco.

En la actualidad, la quinta categoría -Personal para tareas generales, que abarca prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar- cuenta con un salario de convenio $ 64,50 por hora ($ 7.982 por mes), si se trata de personal con retiro, y de $ 69 por hora (mensual $ 8.875,50) para personal cama adentro.

Un problema estructural

En general, y más allá de la problemática particular que afecta a las personas que se desempeñan en el servicio doméstico, lo cierto es que el empleo “en negro” es una problemática de muchos años en Bahía Blanca y en el resto del país.

Es que independientemente de la actividad laboral considerada, el porcentaje de asalariados informales no es un bajo desde hace por lo menos 27 años en la ciudad, según se desprende de los registros oficiales del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Así las cosas, ya en 1990, el porcentaje de trabajadores a los que no se les realizaba descuento jubilatorio se posicionaba en un incómodo 22,1% , con picos de hasta el 34,1% en mayo de 1998, hasta el máximo de 38,4% en mayo de 2003, cuando los efectos negativos de la crisis de 2002 todavía mostraban su cara más dura en nuestro país.

Más: ni siquiera en los años de crecimiento se pudo revertir.

“Definitivamente, el empleo informal es un problema estructural. La evidencia es que, entre los años 2004 y 2011, que fueron los del boom económico, la tasa de informalidad en el empleo asalariado pasó de 48% a 33%.

“Sin embargo, la cantidad de trabajadores informales siempre se mantuvo en el orden de los 4 millones. Esto se explica porque todos los nuevos empleos creados entre el 2003 y el 2011 no fueron para personas que al inicio del periodo estaban en la informalidad, sino para nuevos entrantes y desocupados con razonables niveles de calificación que ocuparon esos nuevos empleos.

“En otras palabras, aún cuando la economía crezca mucho, esos 4 millones de informales van a seguir siendo informales porque son informales estructurales”, reflexionó el economista cordobés Jorge Colina, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).

De acuerdo con Colina, la raíz de la informalidad estructural tiene dos ramas: nivel educativo y tamaño de los establecimientos en los que se desempeñan.

“Los informales son mayoritariamente personas que no terminaron la secundaria, y en Argentina casi la mitad de los mayores de 20 años no terminó la secundaria”, aclara.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), del INDEC, para el primer trimestre de 2017, avalan su explicación: en Bahía Blanca, alrededor del 70% de los trabajadores informales cursa o cursó como máximo nivel educativo el nivel medio, una clara muestra de que a menores niveles educativos, mayores chances de caer en la informalidad.

“La segunda es la enorme prevalencia de micro-emprendimientos (empresas con menos de 20 trabajadores) como dadores de puestos de trabajo. Los micro-emprendimientos, en general, son unidades de baja productividad, entonces, no pueden pagar salarios altos ni impuestos asociados al empleo formal. La fusión de mucha gente sin secundaria completa y muchos micro-emprendimientos de baja productividad da por resultado informalidad estructural”, concluye Colina.

En Bahía Blanca, los datos oficiales para el lapso enero-marzo de este año señalaron que unos 26.472 asalariados no recibían descuentos jubilatorios.

La cifra equivale al 27,6 por ciento del total de asalariados, que son más de 96.000, de nuestra ciudad.

De esta forma, Bahía se ubicó por debajo de la media país, ya que un 33,35% del total de asalariados argentinos trabajaba en esa condición, lo que equivale a 2,8 millones de trabajadores, según datos oficiales.

De acuerdo con el INDEC, Santiago del Estero-La Banda es el aglomerado de mayor nivel de empleo en negro -con un 51,68% del total de asalariados- entre las 31 locaciones argentinas donde el organismo realiza, en forma trimestral, la EPH.

Le siguen Salta (42,6%) y Gran Tucumán-Tafí Viejo (42,36%).

Por el contrario, los aglomerados menos informales son Ushuaia-Río Grande (9,34%), Río Gallegos (11,91%), y Viedma-Carmen de Patagones (19,12%).

La presión fiscal

Desde el sector empresarial, coinciden en que la excesiva presión fiscal -que dan lugar a elevadas contribuciones patronales, muy difíciles de afrontar por parte de las pymes- son “la” causa de los persistentemente altos niveles de trabajo en negro.

“La presión fiscal no es el problema originante. Los originantes son la baja educación y la baja productividad de los dadores de empleo. La presión fiscal viene a ser el detonante que masifica la informalidad, porque pretender cobrar altos impuestos con muy engorrosos trámites administrativos hace que para la inmensa mayoría de las unidades productivas, pensar en poder cumplir con todos los impuestos que exige el Estado para ser formal, es una ilusión”, aclara, para finalizar, Colina.