Doble crimen en Río Colorado: "Los mataron porque vieron algo"

Redacción de La Nueva.

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   Desde hace 28 años Irma Girolami despierta cada día con la única motivación de luchar para saber quién asesinó a su hijo y la novia.

   Ese largo recorrido de impunidad arrojó policías detenidos y acusados de destruir pruebas, un juez destituido por juicio político, dos personas condenadas y poco después absueltas, y un par de testigos que se suicidaron.

   La desesperanzadora síntesis corresponde al asesinato de Raquel Natalia Lagunas (17 años) y Sergio Antonio Sorbellini (19), quienes fueron ultimados a balazos el 12 de marzo de 1989, en Río Colorado.

   La pareja fue hallada sin vida un día después, a la vera de un canal de riego, detrás del predio de la Sociedad Rural.

   “Siempre intentaron desviar la investigación”, dijo Irma al ser consultada por La Nueva.

   La mujer afronta en soledad el desafío de evitar que la causa pase al olvido, ya que en 1998 sufrió el fallecimiento de su esposo Herminio “Chiche” Sorbellini.

   También murieron Leandro Lagunas (el año pasado) y Graciela Lambert (2010), padres de Raquel.

   “Los chicos vieron algo raro, alguna avioneta volando a monte rasante en los campos. Yo nunca vi alguna, pero mucha gente vio que eso ocurría. Y los chicos, curiosos, han ido a espiar. Porque se comentaba que ello ocurría y era un tema de droga. Desde el principio yo dije que los mataron porque los chicos vieron algo”, comentó.

   Esta hipótesis se vio reforzada luego que Eustaquio Lezcano, uno de los testigos muertos, dejara una carta por la que, en 1996, fue allanado un campo ubicado cerca de donde aparecieron los cuerpos.

   El procedimiento realizado en el establecimiento rural arrojó resultado negativo.

   La otra persona que se quitó la vida disparándose con un rifle fue Adalberto Dante Carrasco, quien tomó la drástica decisión luego que trascendiera públicamente su supuesta relación con los crímenes.

   La falaz investigación desarrollada motivó que, el 6 de septiembre de 2001, Irma y su marido decidieran llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

   Asegura que la intervención del organismo internacional “quedó en un intento”, porque si bien en un momento reactivó la investigación, su actuación perdió consistencia, se ralentizó y no posibilitó ninguna conclusión determinante.

   “Hicimos todo lo que se podía, pero chocamos con un murallón. Decíamos 'acá puede ser', pero se venía todo abajo”, sostiene.

   Los padres de las víctimas consideraron que, a partir del hallazgo de los cuerpos sin vida de sus hijos, en lugar de realizarse una investigación eficaz se habría desplegado una actividad policial con el fin de encubrir el hecho y borrar o tergiversar las pruebas.

   “Es que la Justicia también se encargó de desviar todo; pero el que va a hacer justicia es el de arriba”, aseguró Irma.

   Como consecuencia de una serie de irregularidades fueron condenados a prisión perpetua un albañil menor de edad y el camionero Raúl García.

   Ambos fueron involucrados a partir de una pericia balística falsa realizada por Julio Arriola (luego fue sentenciado por lo ocurrido) de un arma secuestrada por la policía.

   Al juicio también llegó imputado Héctor Fabián Llavel, aunque resultó absuelto.

   Las condenas fueron dictadas en diciembre de 1990 por los jueces Raúl Bosch, Rafael de la Rosa y Aldo Rolando, de la Cámara III del Crimen, de General Roca.

   En 1992 el Superior Tribunal de Justicia Provincial declaró la nulidad de la causa, por lo que el juez de instrucción Juan Rodolfo Torres liberó a los detenidos.

   En junio de 1998 el Consejo de la Magistratura de Río Negro destituyó al juez de San Carlos de Bariloche, Fernando Bajos, por considerar que cometió "graves irregularidades" en la instrucción de la causa abierta por el doble.

   “Hace días (por el 29 de marzo pasado), para el aniversario de Río Colorado, estuve con el gobernador (Alberto Weretilneck) y le dije que ya no creo más en nadie. Pero cuando hablamos había mucha gente y mucho ruido. Vino por tan poco tiempo que no pudimos conversar verdaderamente, pero tengo cómo conectarme con él”, finalizó Irma.

“Ese mismo mes tenía que retirar el diploma”

   “Eran chicos hermosos. Los dos se recibieron el mismo año (1988). Él estudiaba en la Escuela Agrotécnica de Guatraché y ese mismo mes de marzo tenía que ir a retirar el diploma, pero ya no estaba con nosotros. Se había recibido de técnico agrónomo y yo fui a retirar el diploma. Su idea era seguir la carrera de Veterinaria. Raquel había terminado el secundario”, recordó Irma.

   “Sergio siempre anduvo bien en la escuela. Durante su carrera terciaria, como técnico agrónomo, terminó con promedio de nueve y pico”, aseguró la mujer, quien además es madre de Ricardo (de quince años, cuando mataron a su hermano).

   Los padres de las víctimas siempre sostuvieron que el 12 de marzo, luego de la hora de almuerzo, los jóvenes fueron a un sector de campo, en una bicicleta doble, con el propósito de buscar pasto para sus conejos, y como no regresaban comenzaron a buscarlos. Junto a familiares, hallaron los cuerpos al día siguiente.

   A partir del hallazgo -los cuerpos presentaban varios impactos de bala, marcas de quemaduras de cigarrillo y uno de ellos tenía signos de haber sido orinado-, las irregularidades en la primera etapa del proceso y comprobadas años más tarde, estuvieron dadas en que no solo no se resguardó, sino que fueron borradas huellas en el lugar en el que encontraron los cadáveres.

   Se comprobó también que fue sustituida la ropa interior de la chica, fraguaron la pericia balística, las declaraciones testimoniales y las actas de procedimiento. No fueron realizadas las autopsias descriptas por los médicos y desaparecieron varios elementos secuestrados por autoridades policiales.

   El gobierno rionegrino reconoció su responsabilidad por las deficiencias en la investigación del hecho y sus consecuencias jurídicas, por lo que le abonó cien mil dólares a cada una de las familias, más el concepto de honorarios correspondientes a los abogados intervinientes, en el marco de un acuerdo en el que los particulares damnificados se comprometieron a renunciar de manera definitiva e irrevocable a iniciar cual otro reclamo por el tema.