El factor sindical, otra vez en escena

Pablo Wende

El sindicalismo se siente fuerte, o como mínimo siente que es el gobierno el que está débil. Pasados nueve meses del 2016, todavía hay signos mixtos de repunte, la inflación recién empieza a ceder, mientras que los salarios tienen aún un largo trecho para recuperar lo pérdido solo desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri. Los tres caciques que ahora dirigen la CGT fueron a una reunión que luego calificarían como “histórica” en la Casa Rosada y los recibieron varios ministros. Todo indica que están muy cerca de obtener lo que habían salido a buscar.

El bono de fin de año es un pedido que se viene repitiendo hace más de una década, con años marcados con altos niveles de inflación. Pero la realidad es que el gobierno de Cristina Kirchner lo había negado en varias oportunidades. Pero este gobierno se vio arrinconado. A la impaciencia por resultados que no llegan se suma la cercanía de fin de año, época marcada por mayor convulsión social y que este año amenaza también con tener cierto grado de efervesencia.

En este contexto es que hay que entender el pago del bono que el gobierno estaría cerca de comprometer para jubilados y seguramente también para quienes cobran planes sociales. Claro que, al mismo tiempo, también hubo “sugerencias” para que el sector privado también se pliegue a la medida. ¿Cuál hubiera sido la reacción si era el kirchnerismo el que lo solicitaba? Seguramente hubieran llovido las críticas por considerarlo una medida populista, demagógica y que pone aún más es riesgo la salud de las finanzas públicas.

Para el gobierno no todos son costos. La promesa de bono aplacó al menos momentáneamente las amenazas de paro general, al tiempo que también se apunta a un mejor clima social de cara a las fiestas. También la idea es conseguir un repunte del consumo, que hasta agosto por lo menos venía en una verdadera caída libre. Y aún no hay señales concretas de repunte.

A mediados de mayo, el gobierno había optado por vetar la ley antidespido, una medida que claramente podría considerarse antipopular. Pero en aquel momento se venía de cerrar el acuerdo con los fondos buitre, lo cual recibió amplia mayoría legislativa, y la expectativa aún estaba puesta en la reactivación del segundo semestre. Ahora la historia es distinta. Las dificultades para mostrar éxitos en el plano económico le quitaron margen de maniobra al gobierno.

La pregunta siguiente es cómo se encaminará la negociación salarial de cara al 2017. Las metas que presentó el Banco Central esta semana establecen que el techo de inflación para el año próximo es de 17%. Pero eso requiere fuerte disciplina, tanto fiscal como en materia de ingresos (es decir salarios). Ninguna de las dos variables parecen estar alineadas ni remotamente con los objetivos que se plantea el Central no sólo para el año próximo sino hasta el 2019. Según los sindicalistas, el año que viene habría que recuperar 10 puntos perdidos este año por culpa de los aumentos de precios, por lo que los aumentos salariales no deberían estar muy por debajo del 30%.

Este escenario le pone más presión al sector privado, que viene tratando de salir a flote en un año más que complicado, marcado por caída de ventas y fuerte aumento de costos. Pero sumar el bono de fin de año a un aumento salarial que supere por mucho la inflación resultará difícil de soportar para buena parte de las pymes.

Más allá de la recomposición salarial que reclaman los trabajadores formales, con la CGT se sigue sin abordar el drama de las seis millones de personas que trabajan en negro y no tiene cobertura social ni jubilatoria. Se trata de una verdadera epidemia, que ningún gobierno acierta en resolver. Se lanzó el blanqueo para las cuentas e inmuebles no declarados, pero parece mucho más difícil de lograr el “sinceramiento” laboral, es decir que al menos una porción del 35% de los empleados en negro pasen al sector formal.

En el encuentro con la CGT surgieron nuevamente temas como un nuevo cambio de la ley de ART y la ley de promoción del empleo joven. Al mismo tiempo, algunos sectores empresarios insisten con la necesidad de eliminar impuestos al trabajo o ir hacia algún grado de flexibilidad laboral. Claro que estas políticas ya probadas en la década de 1990 no tienen precisamente buena prensa.

Pero ese ejército de trabajadores informales suma en las cifras de pobreza conocidas recientemente. La gran mayoría no gana ni siquiera para satisfacer sus necesidades básicas. Paradojas de la Argentina: el desempleo no supera el 10%, pero la pobreza es mayor al 32%. Un caso extremo donde una importante masa de la población que trabaja apenas consigue superar niveles de subsistencia.

Prácticamente una de cada tres personas en la Argentina se encuentra en situación de pobreza, cerca de 13 millones sufren este flagelo. Las cifras que reveló el INDEC, que arrojó un nivel de 32,4%, volvieron a poner el drama de la fragilidad social en el centro del debate. No sólo por lo dramático de la situación, sino porque insólitamente hace más de tres años que el país no contaba con estadísticas respecto a la cantidad de familias que están por debajo del umbral de pobreza y de indigencia.