El costo fiscal es, por ahora, lo de menos

Pablo Wende

El consumo de gas residencial representa poco más del 25% del total. Eso llevó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, a afirmar en la conferencia de prensa un par de horas después de la decisión de la Corte que el fallo “no era tan malo” para el gobierno. En los pasillos de la Casa Rosada, algunos ministros daban su peculiar visión: “La resolución es 70% favorable al gobierno”, en referencia a que los comercios, industrias y generadoras eléctricas deberán seguir pagando la tarifa con aumentos.

Estos comentarios del oficialismo aluden además al escaso costo fiscal que genera el freno resuelto por el máximo tribunal. Emilio Apud, ex secretario de Energía y director independiente de YPF, estimó que el aumento de los subsidios no irá mucho más allá de los $ 8.000 millones. Otros cálculos de economistas privados lo ubican más cerca de 20.000 millones. Nada demasiado dramático para un país que recuperó pleno acceso a los mercados internacionales. Salir a financiar esta suma tendría un costo de entre 5% y 6% anual en dólares. No es un costo que esté fuera del alcance del gobierno o que genere un descalabro en las cuentas públicas, que ya tienen adentro un déficit primario (o sea antes del pago de intereses) de 4,8% del PBI.

Sin embargo, se abrió la puerta para otras demandas, como sucede con el aumento de la tarifa de la luz. De hecho, el fallo de la Cámara Federal de la Plata frenando los incrementos ya llegó a la Corte, que comenzará a analizarlo y probablemente resuelva en las próximas semanas. Pero todo indica que se pronunciará de la misma manera, es decir que los aumentos quedarían en suspenso hasta que no se efectúen las audiencias públicas. En muchas provincias este paso se cumplió, pero no así en la ciudad de Buenos Aires, por lo que lo más probable es que tanto Edenor como Edesur deban dar marcha atrás con los ajustes, con el consiguiente impacto en las cuentas fiscales.

Se mantiene como una amenaza la posibilidad de que las industrias también recurran a la Justicia para conseguir un fallo similar de la Corte. El Tribunal ya aclaró, sin embargo, que no admitirá "acciones colectivas", por lo que cada empresa debería presentar su reclamo individualmente, con el costo que ello implica (en tiempo y en recursos). El ministro de Justicia, Germán Garavano, lo considera un esfuerzo inútil: "Entre que hagan el reclamo y consigan alguna medida juidicial ya se habrán hecho las audiencias públicas, por lo que las tarifas quedarán firmes", explicó. Sin embargo, el temor es que en las próximas semanas se produzca una verdadera avalancha de reclamos en todo el país. Tanto la UIA como varias cámaras que agrupan a las PYMES ya se manifestaron en alerta.

Aún luego de los incrementos definidos a principios de año, el subsidio en el caso de la tarifa eléctrica llega al 70%, mientras que en el caso del gas había disminuído al 30%. El gobierno se apuró a convocar las audiencias públicas para el gas que ordenó la Corte. Arrancarán el 12 de septiembre y el objetivo es tener el cuadro tarifario nuevo en octubre. Recién allí podrían avanzar con los aumentos.

El argumento principal del ministro de Energía, Juan José Aranguren, para defender el incremento de las tarifas no pasaba por una cuestión fiscal, sino por la necesidad de atraer inversiones. El objetivo es avanzar hacia una tarifa libre de subsidios para dar una señal de precios clara a las empresas interesadas en meterse en el sector. Y también permitirle a los actuales concesionarias de distribución y transporte los recursos para poder invertir.

La decisión de la Corte indudablemente demora la posibilidad de recibir esas inversiones, aunque en principio es sólo eso, una demora. Será una importante prueba para el gobierno barajar y dar de nuevo en materia tarifaria, definiendo aumentos graduales y un horizonte claro hasta la culminación del mandato de Mauricio Macri en diciembre de 2019.

Por lo pronto, se perdieron nueve meses por el apuro de sacarse rápido el tema de las tarifas de encima en el primer semestre. El gobierno erró en el enfoque, no retrocedió a tiempo cuando se empezaron a conocer los frenos judiciales y para colmo implementó los aumentos tarifarios en el peor momento, es decir en invierno que es cuando se produce el pico de consumo.

La Argentina tiene un serio problema energético. No sólo la producción ha caído más de 25% en la última década, sino que además tiene escasa capacidad de transporte y luego de distribución, es decir en la “última milla” para llegar a hogares, comercios e industrias. En otras palabras, si en los próximos años se recuperan ciertos niveles de crecimiento, no sólo será necesario producir más energía, sino que sobre todo hará falta un “caño” más grande para transportarla.

Por eso es fundamental salir rápido de este embrollo y avanzar aunque sea en forma más gradual con los aumentos y un horizonte de precios que resulte comprensible para los usuarios, y las empresas. Este episodio puede tener una lectura positiva para quienes piensen invertir en la Argentina.